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Funcionarios públicos en todo el país están obligados a firmar las planillas de apoyo a la enmienda que busca modificar la Constitución Nacional, bajo la figura de iniciativa popular, que permitirá habilitar la reelección (rekutu) del presidente Horacio Cartes en el 2018.
El cartismo necesita reunir como mínimo 30.000 firmas certificadas para presentar el proyecto al Congreso. A pesar de que el oficialismo pretenda revestir de cariz popular el planteamiento de introducir la reelección por vía de la enmienda constitucional, el proyecto es una abierta violación de la Carta Magna.
El artículo 290 de la Constitución señala claramente que “no se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos”. La recolección de firmas para solicitar la enmienda que realiza el oficialismo colorado apunta a reformar el artículo 229, cuyo encabezado es: “De la duración del mandato”.
Como si esto ya no fuera suficiente, la recolección de firmas es además una abierta violación a la Ley 1626/2000, De la Función Pública, que establece que queda prohibido al funcionario público “trabajar en la organización o administración de actividades políticas en las dependencias del Estado”.
El ministro de la Secretaría de la Función Pública, Humberto Peralta, entró ayer en contradicciones. Primeramente afirmó que las planillas para recolectar firmas pro reelección no deberían estar en instituciones públicas, pero luego la institución emitió un comunicado para contradecirse.
Sobre el punto, el líder de la bancada “A” del PLRA, Jorge Ávalos Mariño, manifestó ayer que los funcionarios públicos están amparados por la misma Ley 1626/00 del Funcionario Público en su artículo 57°, incisos h y p, para abstenerse de firmar la planilla del cartismo a favor de la reelección presidencial vía enmienda constitucional.
Menciona que es una obligación del funcionario público abstenerse de realizar actividades contrarias al orden público y al sistema democrático, consagrado por la Constitución. Asimismo, refiere que también es una obligación denunciar con la debida prontitud a la justicia ordinaria o a la autoridad competente los hechos punibles o irregularidades que lleguen a su conocimiento en el ejercicio del cargo.
Dicen que será masivo
ENCARNACIÓN (Juan Augusto Roa). Colorados en el departamento de Itapúa pretenden llegar a más de 120.000 afiliados con que cuenta el partido en el departamento, informó el diputado Walter Harms (ANR), presidente de la seccional colorada “Dr. Juan León Mallorquín”.
Peralta se desdice de nuevo
La Secretaría de la Función Pública, a cargo del ministro Humberto Peralta, emitió ayer un comunicado asegurando que “las firmas realizadas por parte de algunos funcionarios públicos no son prácticas de política partidaria, sino exclusivamente actividades cívicas que responden a iniciativas de la ciudadanía”. “Un funcionario público además de ser un servidor público es a la vez un ciudadano, por lo cual tienen aquellos un doble rol (servidor y ciudadano) y es en ese contexto que el funcionario tiene la libertad de ejercer también sus derechos”, refiere la nota.