Alberto Cabrera, de la asociación Fuera Lista Sábana, lamentó ayer que por un intento de golpe contra el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez (ANR, disidente), una vez más el Congreso elude analizar y aprobar el desbloqueo de listas sábana con urnas digitales.
Dicho sistema permitiría que un elector elija al político de su agrado dentro de una nómina partidaria cerrada, alterando así el orden de ingreso al Congreso.
Según este sector, la aplicación es factible en tres meses a un costo de US$ 5 millones, cifra inferior a los 10 o 20 millones de dólares que se iban a gastar en el referéndum para aprobar la reelección vía enmienda.
Jorge Ávalos Mariño (PLRA, efrainista), líder de la bancada liberal e impulsor del desbloqueo, dijo que en realidad el oficialismo dejó sin quorum la sesión porque los liberales y 14 diputados colorados disidentes tenían los votos comprometidos para aprobar el desbloqueo.
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Agregó que también iba a aprobarse la aplicación del control al financiamiento político desde las internas del 17 de diciembre próximo.
No obstante, anunció que presionarán para que ambos proyectos se traten en la próxima sesión en una semana.
En contrapartida, Pedro Alliana (ANR, cartista), titular del Partido Colorado, acusó a los ciudadanos impulsores del desbloqueo de “no entender el panorama”.
El titular de la ANR desmintió que la aplicación cueste US$ 5 millones. Dijo que los oficialistas se reunieron con técnicos de la Justicia Electoral y estos hablan de un presupuesto de US$ 40 millones y unos ocho meses de preparación. Dijo que solo 24.000 urnas digitales costarían US$ 2.400.000.
Anunció que la bancada colorada oficialista apoyará la propuesta con la condición de que no se aplique en las internas de diciembre ni en las generales de abril de 2018, sino en las municipales de 2020.
El diputado Clemente Barrios (ANR, cartista), líder de la bancada colorada, sostuvo que no intentan dilatar el desbloqueo o el control al financiamiento político en internas. Afirmó que solo quieren darle a la ciudadanía una ley consistente y no un proyecto “inaplicable”.