CONCEPCIÓN (Aldo Rojas Cardozo, corresponsal). Según el escrito entregado ayer al Ministerio Público por el exdiputado Alsimio Casco (ANR-cartista), los supuestos hechos punibles cometidos por los denunciados son apropiación, lesión de confianza y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
El político denunciante refiere que el 11 de diciembre de 2017 Héctor Romero Cristaldo, en su carácter de presidente de la Asociación de Funcionarios de la Gobernación de Concepción, solicitó la suma de G. 200.200.000 para la reparación de aulas ubicadas en las localidades de Cerro Morado, distrito de San Lázaro y Paso Barreto.
La investigación ingresó a la Unidad 1 de la Fiscalía de Concepción a cargo de Carlomagno Alvarenga.
El exparlamentario pide a la Fiscalía que investigue la utilización del dinero porque el 15 de diciembre de 2017 se expidió un cheque con el monto solicitado por el funcionario pero no se especificó qué institución iba a ser beneficiada con la reparación.
Las aulas fueron dañadas por un temporal, indica la nota remitida al entonces gobernador Luis Urbieta Cáceres (ANR, cartista). Casco sospecha que los trabajos no fueron realizados en las instituciones educativas.
Ayer en una conversación telefónica con esta corresponsalía Romero Cristaldo dijo que no hay nada que ocultar y que los documentos se encuentran en la Gobernación de Concepción. “Se tiene toda la rendición de cuentas, están los trabajos realizados. No hay nada que esconder”, sostuvo.
Urbieta se defiende
Por su parte el diputado Luis Urbieta (ANR, Añetete) señaló a ABC Color que ha verificado personalmente esta semana las obras en la ciudad de Paso Barreto y en la colonia Jorge Sebastián Miranda.
“Durante mi periodo como ejecutivo departamental realizamos la correcta administración del dinero público. Todas las documentaciones son de carácter público y se encuentran en la Gobernación de Concepción con sus legajos correspondientes”, dijo. Este último, tras las elecciones generales, abandonó el movimiento Honor Colorado.