“Atendiendo a lo que muchos nos enteramos por los medios de comunicación, que las Cámaras del Congreso habían adjudicado un poco más de 2.100 recategorizaciones, donde parecería ser que todos estábamos en conocimiento de lo actuado. Esta ley pretende volver a foja cero o anular las recategorizaciones”, expresó Ramírez.
Seguidamente, indicó que “un decreto no es el camino correcto para eliminar las recategorizaciones que se hicieron”, mencionó, en alusión al decreto N° 1368 con fecha 28 de febrero del Poder Ejecutivo mediante el cual se resolvió detener los aumentos salariales. Dentro de las consideraciones del decreto se menciona que los funcionarios afectados por lo resuelto tendrán que concursar para acceder a aumentos, conforme a lo estipulado en directrices establecidas en la Ley 1626/2000, “De la Función Pública”.
En el mes de febrero trascendió que varios funcionarios de la mayoría de los entes públicos fueron beneficiados con aumentos salariales que no fueron aprobados por el Ministerio de Hacienda, y que fueron adjudicados a través del Congreso.
Este hecho generó una crisis atendiendo que los reajustes tendrían un costo para el Estado entre US$ 3 millones y US$ 4 millones al año. En principio, el Ministerio de Hacienda a cargo del ministro Benigno López intentó justificar dichos reajustes, pero tras la presión mediática y los cuestionamientos, decidieron tomar medidas y frenas el pago de los beneficios que la cartera no aprobó.
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Hasta el momento, las instituciones se niegan a dar a conocer la lista de los 2.123 (cifra oficial) que fueron beneficiados con las recategorizaciones “mau”.
Un grupo de funcionarios beneficiados con los aumentazos no descartaron recurrir a acciones judiciales para evitar que se les saque los recursos que recibieron a espaldas de Hacienda.