Luego de varios intentos frustrados, ayer finalmente con la presidencia de Pedro Alliana (ANR, cartista) la nueva mayoría pudo aprobar las actas de las sesiones extraordinarias del pasado 16 de junio ratificando todo lo actuado (Ver infografía).
Con 41 votos, el cartismo, el llanismo, el diputado Hugo Rubin (PEN) y el diputado Ramón Duarte (Frente Guasu) aprobaron las actas ante la ausencia de la oposición y de la disidencia colorada que aguardó en el pasillo, frente a la sala de sesiones, a que concluyera la aprobación de los puntos en conflicto.
El líder de la bancada cartista Clemente Barrios, quien fue designado como representante de la Cámara ante el Consejo de la Magistratura, negó que hayan violado la Constitución Nacional.
“Nada más constitucional, legal y reglamentaria han sido estas sesiones llevadas a cabo ceñidas estrictamente a las disposiciones de nuestro reglamento”, dijo al cuestionar a la oposición y a la disidencia de no especificar qué artículo de la Carta Magna fue violentado.
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Afirmó que repiten como un rosario de que se violó la Constitución. “Ellos intentan que la opinión pública ni nadie en su sano juicio crea que violamos la Constitución. Un solo artículo fue violado en la designación de los representantes de esta cámara ante el Consejo y el Jurado de Enjuiciamiento”, enfatizó.
El diputado del PLRA Juan Bartolomé “Ancho” Ramírez y la diputada liberal Esmérita Sánchez dejaron constancia de su objeción sobre el procedimiento al que recurrieron para convocar a sesiones extraordinarias para elegir a la nueva mesa directiva y a los representantes ante el Consejo y el Jurado de Enjuiciamiento.
Cuestionaron que la sesión preparatoria para elegir a la nueva mesa directiva no fue convocada con anterioridad como lo establece el reglamento interno.
Por su parte, el diputado Bernardo Villalba (ANR, cartista) aseguró que no violaron la Constitución y que la ley reglamentaria del Consejo no puede estar por encima de la Constitución. El Art. 6° de la Ley 296 establece que la remoción de los miembros del Consejo solo puede hacerse por la vía del juicio político.
Desacredita a la misma Constitución Nacional en su Art. 263 en el que señala taxativamente que la duración de los miembros del Consejo es de tres años. En ese punto intenta confundir y dice que si el representante deja de ser diputado en julio del 2018, y si no se lo somete a un juicio político, tendría que seguir siendo miembro del Consejo por un año más, a pesar de perder la representación del cuerpo colegiado.
Indica que es falso que no se pueda sacar la representación por medio de una mayoría calificada.