El proceso por tráfico de influencias desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), constatado a través de los audios filtrados por ABC Cardinal, sigue prácticamente en foja cero, por la inhibición en cadena de los magistrados de la Cámara de Apelaciones.
Los imputados por tráfico de influencias, cohecho pasivo y asociación criminal Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto y Raúl Fernández Lippmann plantearon nulidad del acta de imputación de los fiscales Martín Cabrera, Alcides Corvalán y Francisco Torres.
Hasta el momento, solamente aceptaron integrar la Cámara para resolver las chicanas de las defensas los camaristas en lo penal Arnulfo Arias y José Agustín Fernández.
En el fuero penal, se inhibieron los camaristas Emiliano Rolón, Carlos Ortiz Barrios, José Waldir Servín, Agustín Lovera Cañete, Cristóbal Sánchez y Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez, Delio Vera Navarro, Pedro Mayor Martínez, Gustavo Ocampos y Gustavo Santander.
Posteriormente, el expediente fue derivado al fuero civil y comercial, donde ya se han apartado los camaristas de la primera sala Marcos Riera Hunter, Óscar Paiva Valdovinos y Valentina Núñez y luego hicieron lo propio los miembros de la segunda sala, María Sol Zuccolillo, Juan Carlos Paredes y Carlos Escobar.
Por esta razón, la causa fue derivada a la 3ª sala, integrada por Neri Villalba, Arnaldo Martínez Prieto y María Mercedes Buongermini. Al recibir el expediente, Villalba impugnó la inhibición de Escobar, motivo por el cual el caso fue derivado a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver si corresponde o no la separación del citado magistrado.
Amistad con los acusados y/o sus abogados defensores Sara Parquet y Álvaro Arias son en mayoría, los argumentos esgrimidos por los camaristas inhibidos, indicaron fuentes judiciales.
Los ministros que integran la sala penal son Luis María Benítez Riera, Alicia Pucheta y Sindulfo Blanco.
De encontrar válidos los argumentos esgrimidos por los magistrados para apartarse de la causa, el expediente seguirá su “recorrido” hasta que se integre la sala. De lo contrario, la máxima instancia judicial debería arbitrar los medios para sancionar a los camaristas que eluden su responsabilidad, para no quedar “mal” con influyentes políticos.