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Caso de contralor sigue inmerso en la impunidad

Este artículo tiene 8 años de antigüedad
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La investigación al contralor general de la República, José Enrique García, sigue congelada y el perjuicio a la municipalidad de Asunción está latente. El exasesor jurídico de la Comuna apeló fuera de plazo un fallo que deja un “buraco” a la Comuna.

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El perjuicio de US$ 3,6 millones que le habría ocasionado por el caso Ivesur, el exasesor jurídico de la Municipalidad de Asunción y actual contralor general de la República, Enrique García, sigue impune.

A un año y cinco meses del fallo a favor de la empresa de inspección técnica vehicular, la Fiscalía no determinó a los responsables de esta situación que afecta a la Comuna.

La Municipalidad de Asunción, bajo la administración de Mario Ferreiro, fue condenada en agosto de 2016 a pagar US$ 3,6 millones a la empresa Ivesur, tras perder una demanda promovida sobre indemnización de daños por no haber exigido la Inspección Técnica Vehicular (ITV) a las máquinas que entraban a la Capital, según figuraba en el contrato.

El 18 de agosto de 2016 el tribunal arbitral compuesto por Manuel Riera (propuesto por la Municipalidad de Asunción), Édgar Rifler (por Ivesur) y Raúl Sapena Giménez (neutral y disidente) falló en contra de la Municipalidad de Asunción tras más de cinco años de impases.

La Comuna capitalina había ocultado el laudo pero posteriormente se supo aparentemente que el entonces asesor jurídico de la Municipalidad y actual contralor Enrique García por “negligencia” dejó en estado de indefensión a los contribuyentes al no apelar la decisión.

García insistió en que apeló el fallo en tiempo y forma pero el Tribunal de Apelaciones, primera sala, confirmó que la Municipalidad de Asunción no ejerció ese derecho, con lo cual quedó firme el laudo que le obliga a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur.

Ese dinero saldrá de los contribuyentes capitalinos.

El caso estaba a cargo de la fiscala Nadine Portillo, a quien se la escucha hablar de ese caso con el exsecretario general del Jurado Raúl Fernández Lippmann.

Por esa situación, la agente fiscal fue separada de la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción asignada a una unidad penal ordinaria.

Días atrás, el fiscal general del Estado Javier Díaz Verón la desafectó de sus funciones.

El audio que afectó a este caso también salpicó al senador Adolfo Ferreiro, hermano del intendente de Asunción Mario Ferreiro.

Hay una conversación entre Ferreiro, entonces miembro del Jurado de Enjuiciamiento en representación del Senado y Fernández Lippmann.

Paradójicamente, en el audio se le escucha al legislador más preocupado por García que por la municipalidad, que está a cargo de su hermano.

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