La investigadora confirmó que recibió la causa recién el 3 de enero de este año, y ya prescribió el 1 de octubre de 2017.

Antes, se cercioró del periodo en que Zacarías Irún estuvo en la intendencia de Ciudad del Este.

“Oficiamos a la Municipalidad de Ciudad del Este y al Sistema Nacional de Recursos Humanos (Sinarh) del Ministerio de Hacienda y efectivamente corroboramos que dejó la intendencia en 2007”, explicó Portillo.

El tardío envío al despacho de la fiscala es altamente sospechoso, porque cualquier diligencia que se hubiera hecho en plazo iba a interrumpir la extinción y otorgado el tiempo necesario para la persecución penal.

La denuncia que presentaron las abogadas Kattya González y María Esther Roa, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, ante las publicaciones periodísticas del diario, fue en junio de 2017. Sin embargo, pasaron seis meses para que el entonces fiscal adjunto de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Federico Espinoza, designe un fiscal de manera muy llamativa.

Antes de hacerlo, en julio de 2017 Espinoza pidió a la Contraloría General de la República el resultado del examen de correspondencia de bienes de Javier Zacarías Irún. Esta solicitud inclusive le correspondía hacer al fiscal investigador.

El documento de Contraloría si bien presentaba algunas inconsistencias en dos años, fue finalmente favorable a Zacarías Irún y no tardó en ser enviado al Ministerio Público porque fue elaborado hace años.

Finalmente, el adjunto Federico Espinoza designó una investigadora seis meses después de la presentación de la denuncia y cuando ya pasaron tres meses de la prescripción.

Con esta determinación, Zacarías Irún se aseguró no ser “molestado” ya por la justicia. El político ya no contará cómo es que posee avión Beechcraft que le costó cerca de US$ 170.000, dos departamentos en la playa catarinense de Itapema –Meia Praia– cotizados entre G. 1.000 y 5.000 millones cada uno, y una vida llena de lujos y viajes.