Castiglioni aludió al juicio que se desarrolla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con sede en San José de Costa Rica.
La Corte IDH juzgará desde el próximo 7 de febrero supuestas torturas y secuestro del Estado paraguayo a los ahora prófugos de la justicia Juan Arrom y Anuncio Martí, ocurrido en el 2002.
El organismo decidirá sobre la supuesta responsabilidad del Estado en el caso de posibles torturas, después de que Paraguay no acatara las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos para resarcir a ambos en 2017.
“No nos han admitido a los testigos y peritos que hemos solicitado, apenas han admitido a un testigo por parte del Estado paraguayo. Sin embargo, han admitido a dos testigos y un perito por parte de la defensa de los señores Arrom y Martí”, expresó el canciller en una entrevista con la corresponsal de EFE en Paraguay, Noelia Naranjo.
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Castiglioni calificó de “muy preocupante” y “hasta grave” que existan “serios indicios de que no haya la suficiente imparcialidad”.
El canciller aseguró que el Estado paraguayo está “muy preocupado” por el desarrollo del proceso y enfatizó que este debe ser “transparente y justo para todas nuestras partes”.
“La sentencia resultante de un proceso en el que no haya procedimientos justos puede ser cuestionada claramente”, refirió el canciller en alusión a un posible fallo negativo para Paraguay,
El jueves 7 de febrero próximo, a las 9:00, será la audiencia oral y pública en la Corte IDH, en San José de Costa Rica. Es en el caso de la demanda promovida contra el Estado paraguayo por Juan Arrom, Anuncio Martí y otros, por tortura y secuestro, en la cual piden una indemnización de 63 millones de dólares.
El 6 de febrero habrá una audiencia privada previa con los representantes del Estado y la Corte IDH.
El Estado paraguayo rechaza las acusaciones y recuerda que los policías involucrados en los supuestos hechos fueron sobreseídos.
Arrom y Martí están acusados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, ocurrido en el 2001, quien fue liberada tras el pago de US$ 1 millón por su familia. Arrom y Martí huyeron del país a mediados del 2003, cuando estaban a punto de ser sometidos a juicio oral por el secuestro de María Edith.
En el Brasil, los prófugos obtuvieron el estatus de refugiados desde finales del 2003, otorgado por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva.