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Otazú rechazó el recurso de reposición planteado por el fiscal Hernán Galeano contra su decisión de descartar la separación de la causa abierta por el atraco de la Policía Nacional a la sede del PLRA en la madrugada del 1 de abril, donde murió el joven dirigente liberal Rodrigo Quintana. El magistrado destaca la notoria improcedencia de la petición fiscal.
La Fiscalía pretendía dividir el proceso en tres: uno por el crimen de Quintana, donde está imputado el suboficial Gustavo Florentín; otro para el comisario Tomás Paredes Palma y el oficial Guido Amarilla por el ataque en el sanitario del sector del estacionamiento del PLRA y el tercero, por coacción, por la actuación del suboficial Arnaldo Andrés Báez, quien ingresó con Florentín al PLRA.
De hecho, la Fiscalía general incluso generó tres causas con números distintos y comunicó dicha decisión al juzgado en la semana pasada. En la ocasión, la actuaria Lina Casco comunicó al juzgado la imposibilidad de admitir las dos nuevas causas por no haber sido ingresadas al sistema Judisoft.
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante de los padres de Quintana, destacó que la reposición no era la vía adecuada, además de que la cuestión ya estaba bajo jurisdicción del juzgado, por lo que mal podría la Fiscalía disponer la división de la causa.
Duarte remarcó que no existe motivos para dividir el proceso y que esta decisión únicamente constribuiría a entorpecer el proceso.
La resolución destaca que el artículo 46 del código procesal penal, sobre casos de conexidad, establece que existirá conexidad: “2) cuando los hechos punibles hayan sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas, o hayan sido el resultado de un acuerdo previo o propósito común, aun cuando hayan sido cometidos en distintos tiempos o lugares; (...)”.
Asimismo, el magistrado destacó que se encuentra a cargo del caso en forma interina, debido a una recusación presentada en abril pasado contra el juez natural del caso Alcides Corbeta, que sigue sin resolución.
Finalmente, Otazú dispuso la remisión del expediente a la Cámara, para el estudio de la apelación planteada por la Fiscalía en forma subsidiaria.