“Caza de brujas” en TSJE por la serie de irregularidades ahora apunta al tesorero

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Seguirán los cambios en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), según confirmó el actual director de administración y finanzas, Olindo López. Ante la serie de denuncias de ilícitos que sacuden a diario al organismo, las autoridades intentan escudarse cambiando a subalternos, y surge como próximo de la lista el tesorero Julián Sosa.

La “caza de brujas” iniciada en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), luego de ser reveladas las escandalosas irregularidades por casos de planillerismo y cobros de viáticos, ahora apunta al tesorero de la entidad, Julián Sosa. Creen que sería uno de los que filtran información a la prensa.

Los ministros del TSJE Jaime Bestard (presidente), Alberto Ramírez Zambonini (vicepresidente) y María Elena Wapenka buscan de todas las formas culpar a otros de las denuncias de corrupción que les tienen en el ojo de la tormenta. Cambiaron y pidieron al Ministerio Público que investigue a la exadministradora Liliana Gneiting, adjudicándole supuestas anomalías administrativas, como la asignación de viáticos.

Realizaron dicha denuncia luego de que saltara a la luz que ellos cobraban por viajes al interior del país que en realidad no realizaron en las fechas consignadas. La lista de supuestos cobros indebidos se había iniciado con sus mozos vip, que percibían viáticos por capacitaciones cuando los datos indican que estaban sirviendo el café a sus ministros.

Choferes, directores, secretarios de Bestard, Zambonini y Wapenka figuran cobrando viáticos por capacitaciones intensivas, hasta en Viernes Santo, Navidad, etcétera.

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Cambios

Olindo López, actual director de administración y finanzas, confirmó “que seguirán los cambios” en la institución, a causa de los resultados de una auditoría preliminar donde “cotejamos numerosas irregularidades”.

“Cambiamos coordinación, administración, rendición de viáticos, muchas cosas, y seguiremos”, enfatizó López. No quiso adelantar información sobre el caso del tesorero y se limitó a decir que “van a seguir los cambios”.

Cabe recordar, que apenas habían saltado las denuncias de planillerismo en el TSJE, Bestard destituyó al director de Recursos Humanos Cristian Bogado, lo reemplazó Nilda de Romero, quien duró un mes y supuestamente perdió el puesto por postergar los trámites de contratación de nuevos funcionarios, entre ellos recomendados políticos.

Clara Haydée Silveira Arza, actual esposa del íntimo amigo de Zambonini, el abogado Manuel Radice, es la protagonista inicial de los casos de planillerimo detectados en el TSJE. La misma está imputada por la fiscalía Anticorrupción al comprobarse que mientras estaba en el gimnasio o de paseo por Miami, figuraba prestando servicios en la institución y cobraba dinero del Estado.

Las dos anteriores esposas de Radice, por turno consiguieron un sueldo en el TSJE: Griselda Viveros (primera cónyuge), Patricia Silva Vallena (segunda) fueron ubicadas con sus respectivas familias en la institución, gracias a la amistad con Zambonini.

Luego se conoció que una decena de empleados privados de Radice eran pagados por el TSJE (no se sabe si ello sigue), además el abogado tenía jugosos negocios por cursos de capacitación en el ente, con contratos firmados por Zambonini.

El superintendente Modesto Núñez también fue suspendido en el cargo por el caso Radice, sin embargo aparte de la imputación de Zambonini por inducción a cobro indebido, los ministros, principales responsables del organismo, siguen fuertes en sus cargos.

Ellos son administradores

Mientras el presidente del TSJE, Jaime Bestard, venía diciendo en entrevistas que, Liliana Gneiting es la responsable de las supuestas irregularidades, principalmente en cobros de viáticos, en la ley que reglamenta la Justicia Electoral dice que los ministros son administradores. La Ley 635 de la Justicia Electoral (en su artículo 6, inciso r) señala como deber del TSJE “administrar los fondos asignados en el Presupuesto General de la Nación”, que también incluye pago de viáticos. Además, los tres ministros cobran por gestión administrativa, presupuestaria y de tesorería, es decir, el Estado les paga por manejar el dinero de los contribuyentes que se asigna a la Justicia Electoral.