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No obstante, García aclaró que los papeles solo corresponden a algunas compras municipales realizadas durante el ejercicio fiscal 2018. Agregó que el grueso de documentos de este año aún se encuentran en poder de la Fiscalía, que investiga las denuncias de irregularidades y no permite a la Contraloría revisar los papeles incautados. Por otro lado, agregó que el total de las rendiciones del 2017 están en el Tribunal de Cuentas del Poder Judicial, por una acción de inconstitucionalidad.
Según García, quien está imputado y con juicio político pendiente, esta documentación recién podrá ser auditada cuando se reglamente el proceso de trabajo con el Tribunal de Cuentas.
El borrador del convenio entre las instituciones ya fue enviado a la Corte y su definición se daría la próxima semana, anunció.
Destacó que el acceso a estos documentos traerá un poco de orden a la situación, que calificó de confusa y violatoria de la Constitución.
Recalcó que parte del acuerdo habla de enviar copias de las rendiciones tanto al Tribunal de Cuentas como a la Contraloría y que las entidades y municipios conserven obligatoriamente los originales.