La certeza constitucional es un procedimiento que no figura entre las atribuciones de la Corte Suprema y tampoco está reconocida en el Código Procesal Civil, apuntó el exsenador Duarte.
Sin embargo, a partir de la inclusión de esa frase como corolario de una sentencia que interpretaba como válida la continuidad del entonces presidente del Congreso y presidente interino de la República Luis González Macchi en el máximo cargo de la República se convirtió en lo que hoy es utilizado con relativa frecuencia.
Indicó que este mecanismo se usó y se usa para hacer que la Corte Suprema se expida en interpretación jurisdiccional sobre algunas cuestiones de orden constitucional. Sin embargo, esto se hace en forma equivocada, indicó el jurista, ya que ningún órgano jurisdiccional –y la Corte no es la excepción– puede constituirse en un órgano consultivo.
Destacó que no se le puede preguntar a ningún tribunal de Justicia, sea de primera, segunda o tercera instancia qué opina de alguna cuestión. Agregó que solamente se le puede pedir que dicte una sentencia sobre mejor derecho de dos partes que disputan sobre una cosa. Afirmó que se les puede pedir también una declaración de la existencia o no de un derecho, pero no que ejerzan una función consultiva, porque los tribunales son órganos jurisdiccionales, es decir interpretan derechos.
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Señaló que, obviamente, la Corte tiene que interpretar la Constitución para impartir justicia, pero a partir de un caso concreto, es decir de una disputa entre dos partes, en la que cada una reclama tener la razón sobre un derecho determinado.
Duarte dijo que consultar la opinión de la Corte sobre una disposición constitucional no está contemplado en nuestro derecho constitucional y tampoco es recogida por el derecho procesal.
Señaló que en la Argentina ocurrió algo similar en un momento determinado, pero hoy día ya está legislada esa materia. Consideró que en el caso paraguayo no se podría incorporar esa figura en el Código Procesal porque, constitucionalmente, no es una facultad que le es concedida a los organismos jurisdiccionales.
Intentarían interpretación
Referentes del Frente Guasu señalaron que una de las estrategias que están evaluando para que el expresidente Fernando Lugo vuelva a ser candidato a la primera magistratura en 2018 será la de pedirle a la Corte Suprema de Justicia interpretar una “certeza constitucional”. El argumento a utilizar es que, al no haber terminado Lugo su periodo de mandato, porque fue destituido en un juicio político, no se le aplica a él la prohibición de ser reelecto. La figura de la “certeza constitucional” fue utilizada por miembros de la Corte Suprema, como Luis María Benítez Riera, para declararse inamovibles en el cargo, interpretando los artículos constitucionales sobre el tiempo de duración de sus mandatos.