Atendiendo a la disposición de la Ley 5033/13 que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, la Contraloría establece el procedimiento a ser implementado para la recepción de las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, de funcionarios.
En ese sentido, continúa la calendarización de la presentación de la documentación correspondiente del servidor público.
En esta ocasión el órgano superior de control estableció el calendario de presentación de dos instituciones que más funcionarios tiene a su servicio. Se trata del Ministerio de Educación y Cultura, del 15 de febrero al 30 de noviembre de este año; y para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, del 2 de marzo al 30 de junio.
Ambos ministerios suman alrededor de 120.000 servidores públicos.
En los próximos días se establecerá la fecha de presentación de declaración jurada de bienes de funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial, de las municipalidades y las universidades nacionales.
El titular de la Dirección de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, Nelson Darío Salinas, había manifestado que la intención es culminar este año con la actualización del 100 por ciento de la declaración jurada de bienes del funcionariado y posteriormente iniciar la tarea de análisis de correspondencia de los bienes que declararon y los bienes con que cuentan en la realidad.
La no presentación en tiempo y forma de la declaración jurada de bienes y rentas tiene sanciones como multas de millonarios montos e inhabilitaciones para ejercer la función pública por 5 y 10 años, según el caso.
Las multas son de 300 jornales mínimos legales, inhabilitación por 10 años e incluso cesantía si el funcionario no presenta su documentación dentro del término legal; multa de 200 jornales mínimos legales, cesantía con inhabilitación para ocupar cargos públicos por 5 años si no presenta documentos e información adicional requeridos por la CGR.
El contralor general de la República sancionará a funcionarios responsables de instituciones estatales con 500 jornales, cesantía e inhabilitación por 10 años de ejercer la función pública, según la gravedad de la falta, según establece la Ley 5033/2013, que reglamenta el artículo 104 de la CN.