Al cierre de la recepción de declaración jurada de bienes de intendentes municipales, ayer a las 19:00, la Contraloría General informó que 224 jefes comunales presentaron su declaración jurada de bienes y rentas, en cumplimiento con la Ley 5033/13, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional.
Entre los 224 intendentes también cumplió con la exigencia legal el polémico intendente de Capitán Bado, Denilso “Chicharõcito” Sánchez Garcete, procesado por lavado de dinero. Por la mañana registró su presentación online y por la tarde un allegado suyo hizo lo propio en documento impreso.
Intendentes morosos
Los 26 intendentes que hasta el cierre de la recepción no presentaron su declaración jurada de bienes son de las siguientes localidades: San Carlos del Apa, Higinio Fernández (San Carlos Para Todos); San Alfredo, Carlos Pérez (ANR); Sgto. José Félix López, Laude Morel (ANR); Choré, Carlos Giménez (ANR); Tacuatí, Ramón Carrillo (ANR); Villa del Rosario, Eliodoro Caballero (ANR); Yrybucuá, Francisco Recalde (PLRA); J. Eulogio Estigarribia, Derlis Espínola (ANR); San Joaquín, Nelson Fernando González (PLRA); Alto Verá, Hernán Ávalos (ANR); Capitán Miranda, Basilio Gura (ANR); Cnel. Bogado, Héctor Céspedes (PLRA); Alborada, Jorge Johanssen (Alianza); San Cosme y Damián, Aníbal Maidana (Alianza); San Juan del Paraná, Mirian Velázquez (PLRA); Tebicuarymí, Vicente González (ANR); Cerrito, Patrocinio Ayala (ANR); Gral. Díaz, Leonardo Barrios (ANR); Guazú Cua, César Machado (ANR); Laureles, Ignacio Fretes (ANR); Mayor Martínez, Edulfo Gaona (ANR); Paso de Patria, Rolando Arrúa (ANR); Tacuaras, Efrén López (ANR); Villa Oliva, Eusebia Musa (ANR); Zanja Pytã, Manuel Ramón Velázquez (ANR); Ybyrarovana, Luis Francisco Mereles (ANR).
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Se prevé multa e inhabilitación
El Art. 16, Ley 5033, establece que la Contraloría General de la República sancionará a quienes no presentan su declaración jurada de bienes dentro del término legal. El numeral 1 establece que se aplicará multa de 300 jornales, cesantía, según el caso, e inhabilitación para ocupar cargos públicos, como nombrados o contratados, y para ser electos en elección popular por diez años. El plazo legal venció el lunes 4 de enero, pero se extendió hasta ayer a las 17:00.