Aseretto señala que para ser miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se debe “gozar de indubitable capacidad, intachable y alta conducta moral, hoy ausente en varios de ellos (miembros)”. Y agrega: “Reconocidos juristas del ámbito penal se encuentran enceguecidos por el fanatismo en la rama más perversa del socialismo”.
El abogado activista de los derechos humanos sostiene que la denuncia ante la CIDH y actualmente ya en la Corte IDH, contra el Estado paraguayo presentada por Juan Arrom y Anuncio Martí, procesados por el secuestro en el 2001 de María Edith Bordón de Debernardi, “carece de la fuerza jurídica y consistencia necesaria para poder prosperar”.
Arrom y Martí demandan por presunta desaparición forzada y tortura por funcionarios del Estado en el 2002 y reclaman una indemnización de 63 millones de dólares americanos.
Aseretto alega que Arrom y Martí no fueron condenados por la justicia paraguaya y que nunca se constató que ambos hayan sufrido torturas o maltratos físicos ni psicológicos, por lo que, “al no existir sentencia que determine la culpabilidad de los mismos, así como evidencias fehacientes sobre la supuesta tortura, el caso se torna superficial y de esclarecimiento imposible”.
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El profesional del Derecho cuestiona a la CIDH por no haber usado sus atribuciones para esclarecer el asesinato en la Argentina del fiscal Alberto Nisman y “los robos de Néstor Kirchner (ya fallecido expresidente argentino) y de Cristina Fernández de Kirchner (exmandataria argentina) e hijo, Amado Boudou (exministro de Economía), Lázaro Báez (empresario ligado a los Kirchner) y otros socialistas infiltrados en el peronismo hoy procesados”.
También acusa a la CIDH de “mirar de soslayo la matanza encabezada por el acosador de menores Daniel Ortega (presidente) de Nicaragua, la masacre venezolana encabezada primero por Hugo Chávez, Diosdado Cabello y hoy por el carnicero de Caracas Nicolás Maduro”.
Dice que la Comisión asimismo se desentendió del fallo de la Corte Boliviana por la que se quebranta el resultado de un referéndum que rechaza la eternización en el poder del presidente Evo Morales.
Aseretto enfatiza que el Paraguay no debe pagar indemnizaciones muy elevadas, como las solicitadas por Arrom y Martí, “porque esa no es la función de la CIDH” y recuerda que en el caso del político colorado Agustín Goiburú y los hermanos Benjamín y Rodolfo Ramírez Villalba, cuyas torturas y desapariciones durante la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner fueron demostradas en juicios criminales, la indemnización fue de unos US$ 1,5 millones para las tres familias.