El diputado Milciades Duré (PLRA) fue el primer integrante de la Cámara Baja en ser imputado por la Fiscalía, que argumentó que cuando era gobernador de Cordillera (2012) consintió el pago de G. 60.000 millones para la compra de las tierras sobrefacturadas de San Agustín por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Duré fue desaforado por sus colegas.
El segundo fue el del diputado José María Ibáñez (ANR), desaforado en el 2014 por el caso de los “caseros de oro”, personas que trabajaban en su quinta, pero que tenían sueldo en la Cámara Baja. Fue imputado por estafa, expedición de certificados de contenido falso y cobro indebido de honorarios.
El tercer caso es el del colorado Óscar Núñez, miembro del clan Nuñez, quien fue imputado y desaforado en el 2014 luego de que la Fiscalía detectara millonarios desvíos de dinero de la Gobernación de Presidente Hayes, cuando él político estaba al frente (2010-2013).
El liberal Fernando Nicora es otro representante de Presidente Hayes imputado por la Fiscalía. Bajo su administración en Puertos se contrató a 262 supuestos planilleros, en su mayoría operadores políticos. Aún no fue desaforado por sus pares.
Finalmente, Carlos Núñez Salinas (ANR) fue acusado el pasado 18 de marzo, por los hechos punibles de contrabando y producción de documentos no auténticos e incluso se pidió que su causa sea elevada a juicio oral.