Uno de los casos más graves es precisamente el del reelecto intendente de Juan de Mena, Julio Antúnez, acusado por lesión de confianza por el fiscal Julio César Piñánez, por un daño patrimonial de G. 1.166 millones, cuando ejercía el cargo.
El proceso se inició en el 2010, por un informe remitido por la Contraloría en octubre de 2006 y su extinción se daría este año en caso de posponerse el juicio oral marcado para la segunda quincena de febrero.
La exautoridad de Arroyos y Esteros está imputada por lesión de confianza por un daño patrimonial de unos G. 1.200 millones a la comuna. Estuvo diez días en la cárcel de Emboscada y luego fue beneficiado con una “internación” en un sanatorio de Caacupé, por orden de la jueza Blanca Báez, por supuestos problemas de salud.
El exjefe comunal de Santa Elena se encuentra con medidas alternativas a la prisión por el supuesto desvío de unos G. 840 millones provenientes de recursos del Fonacide.
El exintendente de Atyrá también está imputado por hechos punibles contra el patrimonio, estafa, lesión de confianza y producción de documentos de contenido falso, que habrían ocasionado un perjuicio patrimonial de unos G. 48 millones al Municipio.
Por su parte, Troche es investigado por supuestos malos manejos de recursos de Fonacide para el municipio de San José Obrero.