Citan al administrador del puerto franco de Paranaguá

El actual administrador del puerto franco de Paraguay en Paranaguá (Brasil) fue citado a declarar en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas (ANR, Añetete).

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La defensa que el diputado esboza como argumento de su escandaloso incremento patrimonial, es que el mismo amasó ese dinero cuando era administrador del puerto franco de Paranaguá, en el año 2004. 

Es por ese motivo que el fiscal de Delitos Económicos Luis Piñánez (interino del caso) solicitó informes y citó a declarar en carácter de testigo al actual delegado administrativo del puerto franco de Paranaguá, Silvano Raúl Florentín. Este debe presentarse este viernes 14 de junio, a las 8:30, según precisó el investigador.

La abogada Cecilia Pérez Rivas, representante legal de Cuevas, dijo a varios medios de comunicación que supuestamente el aumento del patrimonio de su cliente se produjo cuando “asumió” la delegatura de Paranaguá, porque ganaba de forma legal US$ 80 por contenedor.

Esta situación debe ser corroborada ahora dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros delitos. Antes de intentar dicho justificativo por el aumento de su patrimonio, el parlamentario indicaba que ganó mucho dinero como zapatero en su ciudad.

De acuerdo a los datos, el titular de la Cámara Baja posee un total de ocho inmuebles a su nombre, y uno de sus hijos tiene seis, lo que totalizan 14 fincas, casi todas en Sapucái (departamento de Paraguarí), de donde es originario el político colorado.

En la misma causa, Cuevas es investigado por supuesta lesión de confianza. El mismo fue denunciado por el presunto faltante de G. 1.200 millones durante su administración al frente de la gobernación de Paraguarí (2013-2017). También, su esposa Nancy de Cuevas es investigada por aparente cobro indebido de honorarios por ser supuesta planillera de una institución educativa.

Otra investigación abierta en su contra, por lesión de confianza, tiene relación con la supuesta irregularidad en el uso de G. 40.000 millones en la Gobernación de Paraguarí entre los años 2014 y 2015.

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