Por su parte, Modesto Núñez, superintendente del TSJE, se abstuvo de prestar declaración indagatoria ante la fiscala de Delitos Económicos Yolanda Portillo.
Asimismo, otra coimputada, María Isabel Quintana Ríos, quien se desempeñaba como supervisora de Recursos Humanos, pidió también la suspensión de su declaración que estaba marcada para hoy, según dio a conocer Portillo.
En el caso de Haydeé Silveira, su hermana María Gloria y la madre Ana, la fiscala Nadine Portillo tuvo que postergar la diligencia a pedido del abogado defensor José Domingo Almada, quien requirió copia de la carpeta fiscal.
Este viernes debe comparecer Manuel Radice en sede de Delitos Económicos y Anticorrupción, quien también está procesado por uso de certificado falso y cobro indebido.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En esta causa, a su vez, está imputado el ministro Alberto Ramírez Zambonini por el delito de inducción a un subordinado a cometer hecho punible.
El mismo no fue citado todavía a declarar en sede fiscal y sus abogados Angelina Luna y Carmelo Caballero, del mismo estudio jurídico de José Almada, ya obtuvieron copia de la carpeta fiscal.
Hay fuertes versiones de que el caso, con relación al ministro, sería ampliado por el hecho punible de lesión de confianza.
Por cobro indebido de honorarios y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso fueron imputadas Clara Haydée, su hermana y madre. Por su parte, Mayra Abdo Benítez y Luis María López Benítez, hermanos del titular del Congreso Marito Abdo Benítez, fueron imputados solamente por cobro indebido de honorarios. Mientras que Modesto Núñez fue procesado por expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y cobro indebido de honorarios.
Asimismo, la fiscalía resolvió imputar a Víctor Báez Alfonso por expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y cobro indebido; a María Isabel Quintana por expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y cobro indebido de honorarios; y a Christian Bogado, por uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y cobro indebido.
Posteriormente, la causa fue ampliada contra la exdiputada por Avanza País Karina Rodríguez y el “asesor” español Lino Xavier Valencia, quien se encuentra prófugo de la justicia.
La exparlamentaria, que a raíz del proceso perdió un alto cargo en la Municipalidad de Asunción, habría avalado la supuesta asistencia de Valencia Montes con su firma y sello en las planillas de registro de asistencia desde la fecha de su comisionamiento a la Cámara de Diputados, hasta la salida del mismo de esta institución.
Según la imputación fiscal, los supuestos funcionarios de la Justicia Electoral cobran salario del presupuesto de esa institución, sin prestar servicio.
De hecho, la Justicia Electoral había detectado a más de 200 funcionarios “planilleros” y les rescindió contratos. El ente es utilizado por políticos para ubicar a sus operadores.