El proyecto de ley plantea castigar de forma perpetua y temporal a aquellos condenados por hechos de corrupción. Establecen para ambos casos una serie de delitos por los cuales se regirán (ver infografía). Se inhabilitará de forma perpetua para acceder a cargos públicos y de elección popular en caso de que se haya cometido el delito de cohecho pasivo agravado, prevaricato, tortura, ejecución penal contra inocentes, exacción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y administración en provecho propio. También se aplicará a los hechos punibles previstos en las leyes especiales, tipificados como actos de corrupción.

Mientras que la inhabilitación especial consistirá en la prohibición para ocupar un cargo público o de elección popular por un lapso de 20 años. Para ello determinan los delitos que van desde cohecho pasivo hasta la intervención ilegítima en las contrataciones públicas.

El proyecto de ley fue presentado en junio del año pasado por el diputado Ariel Oviedo (ANR, disidente), quien encabeza la lista de candidatos a diputados por Central. La iniciativa legislativa fue girada por la Comisión de Legislación, presidida por el diputado Bernardo Villalba (ANR, cartista); la comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, presidida por el diputado Clemente Barrios (ANR, cartista) y la Comisión de Asuntos Constitucionales, encabezada por el diputado Ramón Romero Roa (ANR, cartista).

La Constitución

Si bien el Art. 197 de la Constitución establece como inhabilidad la condena firme (mientras ella dure) para acceder a cargos de diputados y senadores y a la función pública, el proyecto de ley podría ser salvado modificándola como una reglamentación de la disposición constitucional. La propuesta extiende el alcance de la norma constitucional para que el castigo sea de por vida o de forma temporal. Queda en manos de los miembros de la comisión salvar el proyecto.