Se trata del conflicto generado tras un intento de desalojo de campesinos que ocupaban un predio de Marina Cue donde resultaron muertos 11 campesinos y 6 efectivos policiales el 15 de junio de 2012.
El diputado Olimpio Rojas propuso integrar la comisión de juristas. Señaló que será de mucha importancia tener peritos expertos que pudieran ofrecer criterios de base de rigor científico para tener claridad en lo que ocurrió ahí.
El senador Luis Wagner y el diputado Víctor Ríos criticaron el proceso judicial por el que se condenó a los 11 campesinos como supuestos responsables de la muerte de los policías. Indicaron que el Gobierno paraguayo hizo caso omiso a varias observaciones y llamados a realizar una investigación más rigurosa por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la investigación de la muerte de los 11 campesinos.
Señalaron que como respuesta a estos reclamos, el Gobierno “premia” al fiscal Jalil Rachid, nombrándole viceministro de Seguridad.
En ese sentido, criticaron el “terrorismo de Estado” que se quiere implementar desde la Fiscalía General del Estado y desde el Poder Judicial.