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Comisión especial dictaminará hoy sobre la intervención de Lambaré

Este artículo tiene 9 años de antigüedad
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La Comisión Especial de Intervención de la Comuna de Lambaré, integrada por diputados de la ANR y el PLRA, emitirá en la fecha su dictamen sobre el pedido de los concejales para que el Ejecutivo audite la gestión municipal de Armando Gómez (PLRA). Existen 15 causales, entre ellas una supuesta sobrefacturación en la construcción del Puente Vencedores.

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El diputado lambareño Atilio Penayo (ANR) adelantó su dictamen y votó a favor de la intervención de la Comuna, pero dijo que no cree que el plenario estudie el tema mañana. Considera que recién lo harán la próxima semana, en la sesión ordinaria, ya que deben preparar las documentaciones y argumentaciones.

Según el diputado del oficialismo, existen irregularidades en la provisión de plásticos para registros de conducir y habilitación de vehículos, que se inició con una contratación directa de G. 112 millones y sin licitación alguna, con lo cual terminaron adeudando G. 1.600 millones a la empresa proveedora.

Mencionó que según el informe de Contraloría la obra para la construcción del puente debió ser G. 225 millones más barata. Minimizó la queja de los defensores de Gómez, quienes el martes pasado señalaron que no existió un informe oficial de la Contraloría que mencione una supuesta sobrefacturación.

“La intervención busca ver si algo está bien o está mal, así de sencillo. No sé por qué se resisten tanto. Ellos hablan de persecución y eso no existe. Por primera vez escucho que la soberanía popular es un escudo para alguien acusado de corrupción. Quieren tergiversar”, enfatizó.

El diputado Sergio Rojas (PLRA) afirmó que si se trata en el plenario el punto pedirá que sea después del receso parlamentario.

En la Comisión de Intervención existe una mayoría de colorados frente a liberales. Se emitirán dos dictámenes: uno a favor y otro en contra.

Para que el pedido de intervención corra se requiere de 41 votos de los 80 diputados.

Causales

Otras causales expuestas hacen referencia a una supuesta mala utilización de las transferencias de G. 2.611 millones que fueron entregadas a las comisiones vecinales. A esto se suman las supuestas arbitrarias contrataciones directas que se realizaron por la vía de la excepción por un monto total de 4.442 millones.

Además, pedidos de informes no respondidos, inasistencias del intendente a las sesiones de la Junta Municipal, entre otros.

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