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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), ente presidido por el colorado Jaime Bestard, además de organizar todas las actividades electorales del país, es una de las instituciones que centraliza el mayor número de cupos por cuoteo político en la función pública.
La entidad tiene 6.837 funcionarios, de los cuales 4.484 son “permanentes” y 2.353 son “contratados”. Principalmente estos últimos son miles de cupos distribuidos entre diputados, senadores, intendentes y caudillos de todo el país.
Pese a ello, los partidos políticos, como instituciones de derecho público, también piden cupos al TSJE para que funcionarios pagados con el erario público hagan de “oficinistas” en sus respectivas sedes.
Según un informe a febrero de 2016, en la ANR, cuyo titular electo es el diputado Pedro Alliana, figuran 56 funcionarios comisionados del TSJE a la sede de la Junta de Gobierno.
Al mes, estos empleados cobran un total de G. 168.762.455. La cifra de comisionados era mayor hace unos meses, pero el TSJE reubicó al resto en convenios con el Registro Civil y oficinas del Registro Electoral.
A su turno, el PLRA, cuyo titular es el senador Miguel Abdón Saguier, pidió el comisionamiento de 32 funcionarios del TSJE, que representan G. 76.557.940 al mes en sueldos.
El Unace, partido en descenso y cuyo presidente es el senador Jorge Oviedo Matto, pidió al TSJE el comisionamiento de 15 funcionarios que en total al mes cobran G. 33.859.155.
El Partido Encuentro Nacional (PEN), cuyo presidente es Hermann Ratzlaff, tiene tres funcionarios que cobran G. 6.813.500 al mes y el Partido País Solidario (PPS), cuyo titular es el senador Carlos Filizzola, tiene tres funcionarios que cuestan G. 6.938.000 al mes.
En total, todos los sueldos de los funcionarios comisionados a partidos políticos significan G. 292 millones al mes de fondos públicos y esto, a su vez, suma más de G. 3.808 millones al año, si consideramos 12 meses de sueldo más un aguinaldo.
El ministro del TSJE Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) se encuentra imputado por un escándalo de planilleros y tanto María Elena Wapenka como Bestard están investigados por cobrar viáticos irregulares.
En la Cámara de Diputados no hay indicios aún de que iniciará juicio político a los miembros del TSJE.