/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/3PSAWYPFHVHTNIAHKBEWIQYJTM.jpg)
Cargando...
El 20 de junio del 2017 la suspensión fue por viaje del abogado defensor Roberto Hirsch; el 14 de julio debido a problemas de salud de Núñez; el 11 de agosto por reposo de Núñez Salinas y el 31 de agosto, por recusación al juez; después fue por la intervención de un nuevo abogado defensor y posteriormente contrató como abogado a un letrado amigo del juez Otazú, quien rechazó la intervención.
Contra la decisión de Otazú, Núñez recurrió a la Cámara y así fue dilatando la realización de la audiencia.
Pese a los incidentes dilatorios, el magistrado de la causa no aplicó ninguna sanción a Núñez. La ley y la acordada antichicanas de la Corte obligan a los jueces a castigar a los litigantes de mal fe, como en este caso.
Por otro lado, tampoco del fiscal de la causa, Martín Cabrera, solicitó la aplicación de sanción al legislador colorado, que en todo el proceso evidenció su mala fe.
Los antecedentes revelan que el 27 de febrero del 2015, Núñez Salinas fue beneficiado con el sobreseimiento provisional, pero un año después el fiscal Cabrera pidió la reapertura del caso.
Tras la presentación de la acusación, el 20 de abril del año pasado se realizó una audiencia preliminar durante la cual la defensa planteó suspensión condicional del procedimiento. Este planteamiento contó con la anuencia de la fiscalía, pero el juez Otazú remitió el caso a la Fiscalía General. El 17 de mayo pasado, el fiscal adjunto Federico Espinoza acusó y pidió juicio oral.
La firma Intercom Ingeniería SA, presidida por el diputado, despachó en el 2011 un lote de ruteadores por el que pagó US$ 17.706, pero en realidad eran decodificadores por valor de US$ 1.026.028.