“Con justa razón la gente sale a la calle a reclamar...”

–¿Cómo hicieron en Perú para descabezar a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y encarcelar magistrados corruptos? Parece increíble...

–A los peruanos no nos sorprende. Desde hace algún tiempo se venía generando serios cuestionamientos al trabajo de los órganos más importantes del sistema de justicia peruano. El Consejo de la Magistratura venía trabajando de manera ilegal designando y ratificando jueces y fiscales mediante tráfico de influencias...

–¿Cómo específicamente se desató el escándalo?

–En la provincia constitucional de El Callao (el puerto de Lima sobre el Pacífico), una fiscala venía investigando una red criminal de personas procesadas vinculadas al narcotráfico. Esas personas estaban obteniendo favores de determinados jueces. En Perú la interceptación telefónica es una técnica de investigación legal que se autoriza precisamente para descubrir redes de organizaciones criminales. Se hizo un seguimiento a abogados que defendían a los procesados y se descubrió que conseguían favores judiciales de magistrados. Así se identificó la participación de un juez supremo, el señor César Hinostroza, y de integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, con la participación activa del presidente de la Corte Superior del Callao, el señor Walter Ríos Montalvo.

–Una red criminal con magistrados...

–La Policía descubrió una red criminal de alto vuelo con la participación de jueces y fiscales, de miembros del Consejo de la Magistratura, empresarios y abogados. Al mismo tiempo, la prensa filtra las escuchas telefónicas, y cuando eso se hace público es que se evidencia la existencia de una red de corrupción de alto nivel que golpea seriamente las estructuras del sistema de justicia. El efecto fue el cese en sus funciones de todos los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura y renunció el presidente del Poder Judicial Durberlí Rodríguez. Ha asumido un nuevo fiscal (general), muy cuestionado, Pedro Chávarry, que se encuentra también vinculado al grupo investigado. Se tienen registros de llamadas telefónicas con uno de los principales sospechosos de la red criminal...

–Zorros cuidando el gallinero...

–Estamos en un momento muy difícil. El Presidente de la República ha asumido allí un liderazgo importante...

–¿Qué hizo?

–Propuso una serie de reformas al sistema de justicia que compromete al Congreso, al Poder Judicial y al Ministerio Público. Obviamente, la ciudadanía está muy decepcionada por lo que está ocurriendo y está exigiendo, por supuesto, respuestas contundentes a las autoridades.

–Hubo manifestaciones multitudinarias. Por eso nos enteramos.

–Se observa una reacción muy importante de la sociedad civil, que se expresa a través de marchas pacíficas. Nosotros esperamos que no solamente las calles sean el escenario de un reclamo justo y legítimo, sino también desde el fuero académico; por ejemplo, que se hagan propuestas desde las escuelas de formación jurídica, que se exijan resultados, que se abra el debate público e ingresemos a un proceso de cambios sustanciales...

–No es la primera vez que ocurre una situación de crisis así en Perú.

–No. Usted recordará el episodio de la caída del régimen de los noventa de (Alberto) Fujimori (1889-2000) tras la divulgación de los escándalos de corrupción para ganar las elecciones, las sospechas de tráfico de armas y sobornos a parlamentarios, una red corrupción a alto nivel... Por cierto, hoy nos volvemos a encontrar con ese escenario.

–¿Cuál es la garantía que tiene usted para realizar su trabajo?

–La Procuraduría Anticorrupción tiene la misión constitucional de ejercer la defensa del Estado con autonomía e independencia. Estamos tratando de ejercer nuestro trabajo dentro de ese marco. Estamos desde esta posición tratando de articular todas las acciones legales necesarias para que se lleven adecuadamente las investigaciones y se garantice un verdadero esclarecimiento de los hechos y se identifique a los responsables y que no impere la impunidad. Admito que cuesta mucho llevar adelante las investigaciones porque no tenemos los recursos económicos suficientes para poder trabajar de la manera más conveniente. La tarea es delicada, compleja, difícil, pero el escenario es alentador. No estamos recibiendo presiones de ninguna naturaleza para seguir adelante. Lo único que pedimos es que fiscales y jueces actúen con toda serenidad, con toda objetividad, para que las investigaciones lleguen a un buen puerto y recuperemos la institucionalidad del sistema de justicia...

–¿Este sistema de escuchas fue algo fortuito, o esta forma de investigación ya tiene experiencia para buscar así a los culpables de delitos contra el Estado?

–En realidad, no es una técnica de investigación fortuita. Se viene utilizando desde hace tiempo. Está a cargo de un equipo especializado de la Policía Nacional del Perú y se hace siempre que exista autorización judicial. En este caso concreto, hubo autorización para auscultar llamadas entre abogados y jueces. La sorpresa que se llevó el fiscal de la investigación es que las comunicaciones no se agotaban en los jueces, sino que la conexión se extendía a la propia Corte Suprema de Justicia..

–¿Este sistema de escuchas es el que forzó la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (julio 2016-marzo 2018)?

–Sí, en efecto. Hace unos meses, una situación parecida aunque no idéntica ocurrió, como usted refiere, con el expresidente Kuczynski y tres congresistas, entre ellos, el señor (hijo del ex presidente Fujimori) Kenji Fujimori (quien también renunció). Aunque en este caso la circunstancia fue diferente porque fue otro congresista (Moisés Mamani) el que procedió a registrar audios y videos de reuniones entre esos funcionarios que comprometieron al propio presidente. Eso provocó la salida de Kuczynski y el desafuero de tres congresistas.

–Esta asociación entre empresarios corruptos, funcionarios coimeros, justicia que garantiza impunidad, ¿apunta como en otros países a acaparar el negocio de la obra pública, la “patria contratista” como le llaman?

–Lo que estamos evidenciando creo yo es la corroboración de aquello que siempre sospechamos, de que lamentablemente el crimen organizado, la corrupción, el lavado de activos, etc., ha penetrado las estructuras del Estado y es, finalmente, lo que termina financiando o moviendo la toma de decisiones de la cosa pública en espacios estratégicos dentro del Estado, por ejemplo la justicia. Pero también ocurre en el ámbito económico, en el Congreso...

–¿Los funcionarios se mueven al ritmo del delito?

–Y ya no es una simple sospecha o una hipótesis que el delito es, finalmente, lo que viene determinando el actuar de muchos funcionarios que ocupan puestos estratégicos. Esto nos lleva necesariamente a iniciar un proceso, no a corto plazo, sino a largo plazo, para replantear los mecanismos de acceso al poder, los mecanismos de selección de funcionarios que permitan garantizar que la administración de la cosa pública se haga conforme a principios de probidad, honestidad y respeto de la ley.

–La misma situación se repite en los países de la región, algunos con secuelas más profundas que otras. ¿Hace falta que la gente salga a la calle para sacudir las estructuras?

–Es lamentable descubrir que en nuestros países, donde pensábamos que las cosas no eran tan graves como lo que pasa en Brasil, la delincuencia de cuello blanco está determinando ciertamente los movimientos económicos más importantes del Estado.

–La pregunta es si puede la democracia sobrevivir a la criminalidad inficionada en el Estado...

–Yo soy optimista en ese sentido, a pesar de las noticias negras. Creo que todavía hay cierta reserva moral en determinados sectores de la administración pública, una cuota de funcionarios públicos altamente comprometidos con la buena gestión. Es nuestro deber luchar para que esa reserva crezca, se fortalezca y domine, de aquí a 10, 15 años la administración del Estado. No tenemos otra salida. Como sea tenemos que defender el sistema democrático.

–Lo que pasa es que la incredulidad campea. Los que asumen son sospechosos en potencia.

–El tema es que si no hay cambios serios que garanticen la disminución de la corrupción en el Estado, estamos en un serio problema. Tenemos que invocar a los buenos funcionarios que han ingresado al Estado con el mejor deseo de servir –no servirse de él– para administrar adecuadamente ese pequeño poder que les delegó la sociedad civil. Estoy seguro de que en el Perú, como en Paraguay, tenemos esa calidad de funcionarios. La idea es que ellos puedan irradiar con ejemplos la buena gestión pública. No podemos permitir que la corrupción, las prácticas antiéticas, se apodere de los espacios públicos. No podemos quedarnos en silencio. Tenemos que hacer pública nuestra buena acción, como esa gente que sale, con justa razón, a la calle a reclamar...

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