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Con la alerta de sospecha, Seprelad tardó 4 meses más

Este artículo tiene 8 años de antigüedad
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El informe de inteligencia de Seprelad de operaciones sospechosas contra tres empresas del prófugo Darío Messer, el “hermano del alma” del presidente Horacio Cartes, data del 27 de diciembre del año pasado, pero recién cuatro meses después, tras las publicaciones de ABC Color, fue derivado a la Fiscalía.

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La protección de Messer por parte del Poder Ejecutivo a esta altura es un hecho.

Ayer quedó en evidencia el trato preferencial del “hermano” de Cartes, prófugo y con orden de captura internacional por el escándalo de la investigación denominada Lava Jato en Brasil.

La fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción Alba Rocío Cantero confirmó que la alerta de sospecha contra las empresas de Darío Messer data del 27 de diciembre del año pasado, de acuerdo a un informe de inteligencia, y recién el 17 de abril pasado y tras las publicaciones periodísticas de ABC Color, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) remitió al Ministerio Público.

Todo este tiempo “muerto” se suma a los tres años de investigación de la Seprelad, que depende del Poder Ejecutivo.

Por esa circunstancia, Alba Cantero explicó que oficiaron a la Seprelad para que digan el mecanismo de trabajo que tienen sus analistas financieros tras una alerta de sospecha.

Esa alerta contra tres empresas de Messer (entre ellas Chai SA y Matrix Realty SA) aparece en el informe de inteligencia agregado al oficio que se envió al Ministerio Público el 17 de abril. Se trata de operaciones de 2015 y 2016 que son confidenciales, y por ello la adjunta no quiso brindar más información.

Cantero tampoco quiso revelar si el banco de Cartes recibió el dinero lavado. Dijo que eran “varios” y que los montos movidos pueden ir de US$ 1 a US$ 5 millones.

Asimismo, la adjunta negó que se necesite una causa abierta para que Seprelad remita las alertas. “Es justo lo contrario, ellos remiten y nosotros analizamos si hay una causa”, señaló.

En sede fiscal, la adjunta aseguró que se cumplió con el proceso normal de estudio de las sospechas y en diez días se resolvió abrir la causa. Asimismo, dijo que se designó a los fiscales Liliana Alcaraz y Hernán Galeano.

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