En julio de 2015 la fiscala Victoria Acuña acusó a Buzarquis por la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y usurpación de funciones públicas. Sin embargo, dos años después de aquella presentación todavía no se pudo realizar la audiencia preliminar, en la que la jueza Caballero tiene que decir si el procesado afronta o no juicio oral.
El exministro de Obras Públicas ya logró suspender en nueve ocasiones la preliminar y la última fue esta semana, con una segunda recusación contra la magistrada que atiende su caso.
Buzarquis en su recusación refiere que en el marco de las investigaciones de los disturbios ocasionados por Paraguayo Cubas y un grupo de personas en enero pasado, la jueza Caballero tomó intervención y Efraín Alegre, como presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, denunció a la magistrada ante el Jurado de Enjuiciamiento. Agregó que como él es miembro del directorio del PLRA, la magistrada no será imparcial en su caso.
Con este absurdo argumento el exministro liberal pretende apartar a la jueza. Ahora el caso deberá ser analizado por el Tribunal de Apelaciones, cuyos miembros resolverán si se confirma o no a la magistrada en el caso.
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Tanto Buzarquis como sus defensores con incidentes dilatorios vienen trabando la realización de la preliminar, sin que la jueza hasta ahora haya tomado medida para el desarrollo normal del proceso por lesión de confianza y usurpación de funciones públicas.
En una oportunidad, cuando el procesado no se presentó a la audiencia sin justificación alguna, la magistrada había ordenado su detención, como lo establece la ley. Buzarquis tuvo que ponerse a disposición de la justicia para que se levante la privación de libertad que se dictó en su contra.
Dentro del proceso a cargo de Caballero el exministro incluso usó un certificado médico de contenido falso, hecho por el cual fue imputado por el Ministerio Público, al igual que el médico que le expidió el documento.
Los incidentes dilatorios, las recusaciones y la utilización de certificado médico de contenido falso, según la ley, son suficientes para que la magistrada pueda revocar la medida alternativa a la prisión con que fue beneficiado el acusado.
Ejercicio abusivo
Existen resoluciones de la Cámara de Apelaciones que señalan que la amplitud de la defensa no puede atentar contra el normal desarrollo del juicio. Empero, en este caso es evidente que hay un ejercicio abusivo de ese derecho consagrado en la Constitución.
Por otro lado, la ley también hace referencia a la buena fe, que igualmente se puede descartar atendiendo que es la novena vez que se suspendió la audiencia preliminar, diligencia que no se puede hacer hace dos años.
La benevolencia de la magistrada también debe ser observada por la Corte, considerando que una acordada establece que los jueces cometen falta grave si no sancionan a los chicaneros.
Según la acusación de la fiscalía, Buzarquis cuando era ministro firmó un convenio con la empresa italiana Anas Internacional Enterprise SPA para que haga estudios de suelo en el Chaco y el departamento de Ñeembucú, por un valor de US$ 600.000.
Esos trabajos nunca se realizaron, por lo que se habla de una lesión de confianza, y también suscribió el acuerdo sin tener la potestad para hacerlo, por lo que cometió el delito de usurpación de funciones. Todo esto está demostrado, de acuerdo a la fiscalía.