Los fiscales Giovanni Griseti y Alcides Corvalán acusaron a 18 personas por los actos de violencia generados el 31 de marzo de este año, luego de que un Senado paralelo aprobara de manera ilegal el proyecto de enmienda para la reelección presidencial.
Los hechos punibles tienen que ver con destrozos a cosas públicas y particulares, desde la ejecución de actos hasta la influencia en multitudes.
Los representantes del Ministerio Público pidieron la elevación a juicio oral y público para el concejal del P-Más Rodrigo Buongermini, además de Paraguayo Cubas, Stiben Patrón Cáceres (imputado también por supuesta fabricación de bombas molotov), Jorge Sebastián Radice, Roberto Rojas González, Silvino Rafael Romero, Jorge Luis González Diarte, Juan Alberto Radice, Juan Alberto Del Puerto Gómez, Nelly Carlota Cortesi y Rafael Esquivel.
La lista continúa con Marlene Tatiana Orué León, Richard Daniel Chamorro Alvarenga, Víctor Gabriel Rodríguez Ullón, Marco Antonio Ramos Mareco, Héctor Eusebio Estepa Astorga, José Salvador Flores Valiente y Jorge Luis Recalde López.
Hubo pedido de sobreseimiento definitivo para Cristhian David Castillo, quien probó que no participó de los hechos y que la Fiscalía le atribuyó erróneamente su aparición en el circuito cerrado del Congreso.
La gran mayoría de los acusados aparece en imágenes del circuito cerrado y de medios de comunicación, y también fueron reconocidos por efectivos del orden.
Con relación al concejal Buongermini, los fiscales reconocen que no realizó actos violentos adentro del recinto, pero le atribuyen la “estimulación y apoyo” a la turba. “En su carácter de concejal representó ser una figura de autoridad para la turba, de manera que un gesto de estimulación y aliento de su parte tiene mayor peso”, se desprende de la acusación.
Proceso trabado
El caso de quema del Congreso Nacional está trabado en la Cámara de Apelaciones, con recursos presentados por el abogado Guillermo Ferreiro, quien representa a varios implicados, entre ellos el concejal de la Municipalidad de Asunción Rodrigo Buongermini.
El juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica, de esta forma, no puede señalar la audiencia preliminar donde debe resolver el pedido de elevación a juicio oral contra 18 acusados.