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Concejala planillera de Caazapá eludiría la justicia

Este artículo tiene 7 años de antigüedad
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El fiscal Carlos Mercado solicitó la suspensión del proceso contra Camila Celeste Sarubbi y Martha Zacarías de Sarubbi por cobro indebido de haberes, con el argumento de que es un delito menor y que devolvieron el monto. El hecho de ser familiares de diputados habría favorecido a las acusadas.

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La concejala municipal de Honor Colorado de la municipalidad de esta capital departamental Camila Celeste Sarubbi Zacarías, hija del exdiputado nacional Luis Sarubbi y de la miembro del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento Martha Zacarías de Sarubbi, procesada por cobro indebido tras la divulgación por ABC Color de que era supuesta planillera en Yacyretá y la Cámara de Diputados, pretende esquivar el proceso judicial mediante la devolución del dinero cobrado ilegalmente.

Según los datos, el fiscal penal de San Juan Nepomuceno Carlos Mercado quien lleva adelante el caso, solicitó la suspensión condicional del proceso a favor de la imputada.

El agente fiscal está siendo supuestamente presionado por políticos de la zona, teniendo en cuenta que la acusada es prima hermana del actual diputado nacional Roque Sarubbi Brizuela (afiliado a la ANR y que llegó al cargo mediante la Alianza Ganar), hermano del buscado por la justicia uruguaya por la remesa de marihuana al vecino país, Francisco Sarubbi Brizuela.

La audiencia donde se decidirá la suerte de la concejal municipal presunta planillera en la Cámara Baja y Yacyretá será el próximo jueves 28 de febrero, en el Juzgado Penal de Garantías del primer turno de Caazapá, a cargo del magistrado Claudio Villalba, a partir de las 10:00.

El fiscal Mercado de San Juan Nepomuceno negó la versión de que está recibiendo presión para dar una salida procesal que beneficie a la imputada.

El mismo indicó que la expectativa de pena del delito que supuestamente cometió la procesada es solamente de dos años de penitenciaría, además que ella devolvió el dinero que había cobrado en forma ilegal antes de que se abra el proceso penal y que se ajusta a derecho el procedimiento, señaló el agente fiscal.

Sin embargo, existe una generalizada percepción ciudadana en la zona de que las vinculaciones políticas de las acusadas son las que pesan para que sean sobreseídas con el simple trámite de devolver el dinero cobrado indebidamente.

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