Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) confirma que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), presidido por Jaime Bestard (ANR), gastó irregularmente G. 827 millones en alojamiento y traslado de observadores extranjeros en las elecciones municipales. Dichos pagos corrieron a cuenta de una licitación destinada exclusivamente a la compra de pasajes aéreos adquiridos a agencias de viajes. Sin embargo, dichas agencias también facturaron todo tipo de pagos extra, fuera los límites de la adquisición pública, como el transporte y cenas en hoteles cinco estrellas para delegados de la Uniore y la Unasur.
La agencia Ami Tour (representada por Ingrit Brunotte) recibió G. 800 millones de los cuales, G. 460 millones no eran pasajes. Servi Travel SRL (cuyos directivos son Gustavo Adolfo Díaz Cardozo, Blanca Planás y Griselda Azucena Fiorio) recibió G. 320 de los cuales G. 314 millones también estaban fuera de rango.
Inter Express SA (representado por Ronald Birks), recibió G. 480 millones, de los cuales G. 52 millones tampoco eran pasajes,
según las rendiciones entregadas. En total suman 827 millones en pagos irregulares.
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Sin embargo, varias de las rendiciones de cuentas de las firmas privadas ni siquiera coinciden con las facturas presentadas por el TSJE a la Contraloría.
Ami Tour, la empresa más beneficiada, incluso presentó una rendición tan irregular que atribuyó el gasto a los observadores de la OEA. Tras publicaciones periodísticas se desdijo y pidió “disculpas” cuando el organismo desmintió. La OEA aclaró que sus observadores se movieron con fondos propios.
Leyes violadas
Este desvío se considera una abierta trasgresión a la Ley 5386/15 de Presupuesto General de la Nación, y la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, según Contraloría. A esto se suma que el TSJE adelantó un pago de G. 800 millones a la agencia Ami Tour, de los cuales solo utilizó servicios por G. 534 millones. El saldo restante de G. 266 por servicios no prestados constituye además una alevosa violación a la Ley N° 1535/99 de la Administración Financiera, la cual dispone que el cumplimiento de las obligaciones financieras será en simultáneo a la incorporación de bienes y servicios.
Fiscalía dilata
Lo curioso es que pese a la expresa violación de las leyes citadas, la Fiscalía “cajonea” esta investigación y sigue sin ordenar la imputación de los responsables, principalmente de Bestard (ANR), titular y ordenador de gastos. La Fiscalía también ignora abiertamente que los tres ministros del TSJE, Bestard, Ramírez Zambonini (PLRA) y Wapenka (independiente) admitieron ante la Contraloría que cuando viajaban al exterior, inventaban viajes al interior del país para llevarse viáticos al extranjero.
Ramírez Zambonini ya se encuentra imputado por la Fiscalía, pero por un escándalo de planilleros en la Justicia Electoral.
El fiscal general Díaz Verón fue designado en el cargo durante la presidencia de Fernando Lugo y su periodo culmina en noviembre próximo.
Ahora se vendrá una nueva pulseada y por el momento se desconoce si Díaz Verón buscará el rekutu, algo que hasta ahora ningún fiscal general electo bajo este sistema constitucional hizo, o si se abocará a la política.
Según la Constitución Nacional, en su artículo N° 269, el fiscal general debe ser nombrado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura.
Devolvieron lo robado
La investigación a los miembros del TSJE Jaime Bestard, María Elena Wapenka y el imputado Alberto Ramírez Zambonini por el cobro ilegal de viáticos se enfría en la Fiscalía. Hay fuertes indicios de la comisión de hechos punibles, pero los fiscales Silvia Cabrera y Hernán Galeano no toman ninguna determinación. En los últimos días, los investigados devolvieron G. 50 millones cada uno de lo que cobraron al margen de la ley de enero a diciembre de 2015, en concepto de viático. Eso sería una “estrategia” para evitar una eventual imputación.