Congreso aún no remite al Ejecutivo ley que elimina cobros de la Opaci

A casi tres meses de la sanción de la ley que elimina las atribuciones de cobro de la Opaci, el Congreso sigue sin remitirla al Ejecutivo para su promulgación o veto. La clase política no quiere perder, más aún en tiempos electorales, una jugosa fuente de recaudación a costa del bolsillo de los ciudadanos.

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En asesoría jurídica de la Presidencia, a cargo de Sergio Godoy, informaron ayer que la modificación de la Ley General de Tránsito y Seguridad Vial, sancionada en el Senado el 23 de marzo pasado, aún no fue enviada al Poder Ejecutivo. En secretaría del Congreso aseguraron ayer que el documento está para la firma a fin de ser remitido.

Mientras se dilata la promulgación o veto de esta legislación, la ciudadanía sigue pagando G. 10.000 o G. 20.000, a través de las municipalidades, por expedición, renovación y perforación del registro de conducir. Este cobro genera un ingreso anual de unos G. 30.000 millones a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), una ONG manejada por políticos colorados.

El uso de este millonario ingreso tiene poco control y, según las sospechas, parte del mismo es desviada para fines particulares de los políticos.

Ante las numerosas e insistentes críticas a la administración de la Opaci, hubo iniciativas de su eliminación que en el Congreso terminó con la sanción de la ley que elimina sus atribuciones de cobro por el registro de conducir.

Varios intendentes opositores se retiraron de la entidad precisamente por las sospechas de corrupción en su administración.

La Opaci venía siendo manejada por el clan político colorado de los hermanos Basilio, Óscar y Ricardo Núñez, de Villa Hayes. A tal punto llegó la discrecionalidad en la entidad que los Núñez, con apoyo de algunos intendentes colorados denunciados por presuntos hechos de corrupción, modificaron los estatutos de la ONG para permitir que hasta exintendentes puedan formar parte de su conducción. De esta forma, el clan iba a perpetuarse en el control de la Opaci. Ante las críticas, los Núñez y aliados, el 25 de febrero del 2016, entregaron la presidencia de la ONG a María del Carmen Benítez (ANR, cartista), intendenta de Ybycuí. También para descomprimir los cuestionamientos, redujeron a G. 10.000 el cobro por los registros. Benítez, actual pareja del diputado colorado Tomás Rivas, se postula por el cartismo a la Gobernación de Paraguarí.

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