En la última sesión de la Cámara de Diputados, el pleno resolvió pedir informe al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), ente cuyo titular es Jaime Bestard (ANR), sobre la cantidad de funcionarios en su sede central y oficinas regionales, además de aquellos que fueron sumariados por ser “planilleros”.
Irónicamente, los integrantes del Poder Legislativo, tanto senadores como diputados, son quienes más cupos políticos acumulan en la cuestionada institución electoral.
El pedido de informe también requiere datos comparativos sobre cuántos “contratados” hubo desde 2013 hasta 2016 y cuál es el sistema de control de asistencia.
Igualmente, el Legislativo exige liberar datos sobre si existen funcionarios sumariados por faltas administrativas.
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El pedido es planteado luego de que ABC Color demostrara que oficinas regionales de Asunción y Central, donde la marcación de asistencia se realiza con firma de planillas, están sobrepobladas en papeles cuando solo una fracción acude a hacer oficina.
Por otro lado, el TSJE comisiona funcionarios públicos a partidos políticos y al Congreso en forma discrecional. Actualmente el ente tiene 4.484 “permanentes” y 2.353 “contratados” y solo hay sumarios a planilleros denunciados por la prensa.
Los proyectistas señalan que la intención es describir la cantidad de funcionarios y dónde prestan servicios. Igualmente piden detallar cuántos funcionarios permanentes y contratados se hallan comisionados a otras instituciones, especialmente al Registro de Estado Civil (REC), entidad del Ejecutivo al que el TSJE remite 800 de sus empleados.
Finalmente, la Cámara Baja pide al TSJE comunicar cuánto es el presupuesto vigente del periodo fiscal 2016 para el personal contratado en jornales. Esto debe ser respondido por el TSJE en el plazo de 15 días como establece el Artículo 192 de la Constitución. El proyectista es el diputado Carlos Núñez Salinas (ANR), quien se encuentra imputado por contrabando.
Actualmente las autoridades del TSJE, Jaime Bestard (ANR), Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y María Elena Wapenka, son investigados por cobrar viáticos para viajes fantasmas. Zambonini, además se encuentra imputado por casos de “planilleros”.