La legisladora opositora hizo la consulta luego de que se le informara que desde la institución filtraron su declaración jurada de bienes y rentas que presentó antes de asumir como diputada, en julio del año pasado.

“Solicito un informe oficial acerca de las personas a quienes vuestra institución ha entregado mi declaración de bienes y rentas, habida cuenta de que manejo algunas informaciones de que así lo han hecho y cuál es la posición institucional asumida con respecto a la acción de inconstitucionalidad cuya admisibilidad fue dispuesta por A.I. Nº 498 del 23 de abril de 2019; pues si se entrega la declaración de una diputada, se deberían hacer públicas las de todos”, señala parte del reclamo de la parlamentaria.

Asimismo, manifiesta que se adhiere a la tesis de que las declaraciones juradas de funcionarios y empleados públicos deben ser públicas, preservando datos sensibles como nombres de parientes que no ocupen funciones públicas, menores de edad, domicilio particular, números de cuentas bancarias; no obstante, el estado patrimonial declarado puede ser publicado.

Urgimiento

El contralor había presentado un urgimiento para que la Corte Suprema de Justicia defina sobre la publicidad de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos.

Benítez había dicho que si tomaba una decisión contraria a lo que vaya a resolver la Corte, se dirá que violó la ley y pueden pedir su juicio político.