El juez penal de garantías de turno Gustavo Amarilla hizo lugar al pedido del fiscal René Fernández y la Contraloría deberá remitir al juzgado las copias certificadas de las declaraciones juradas del contralor José Enrique García, desde el año 2008 hasta la fecha, en un plazo de cinco días.
Dicho pedido es en el marco de la investigación abierta por enriquecimiento ilícito en la función pública y lavado de dinero, que afronta García.
Al respecto, el magistrado explicó que “se solicitó el libramiento de oficio a la Contraloría a fin de verificar los estados de las distintas declaraciones juradas del contralor de la República, se ofició para que se provea al Ministerio Público esa documentación sobre la base que están cotejando datos”.
El oficio informando de lo resuelto ya fue enviado el miércoles pasado a la Contraloría, por lo que el plazo para remitir la documentación se cumplirá la próxima semana.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Enrique García es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, al existir una sospecha de que el titular de la CGR no pudo justificar depósitos cercanos a los 3.000 millones de guaraníes, según informó en su momento la fiscala Victoria Acuña.
Dicha investigación inició en mayo del 2018, cuando la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), informó al Ministerio Público las graves inconsistencias de las finanzas que maneja el actual contralor de la República.
Según el reporte de Seprelad al que pudo acceder nuestro diario, García habría movido entre los años 2012 y 2017 más de G. 2.900 millones, que no tendrían respaldo de origen lícito.
El contralor también soporta otra imputación por producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso, por un supuesto perjuicio patrimonial de unos US$ 3,6 millones que causó a la Municipalidad de Asunción cuando se desempeñó como su director de asesoría jurídica.
Ambas decisiones del Ministerio Público han iniciado una verdadera “guerra” entre ambas instituciones. Desde la Contraloría insisten en auditar la gestión de Sandra Quiñónez, cuestión que hizo que la misma solicitase a la Corte que también el Tribunal de Cuentas analice su administración.