El 30 de noviembre pasado el Departamento de Análisis de la Oficina Disciplinaria del Poder Judicial, dependiente de la Superintendencia, envió una nota a García. El documento fue recibido a las 14:00, en la fecha indicada más arriba, en el órgano contralor.
La Oficina Disciplinaria le solicitó su colaboración al exasesor jurídico de la Comuna de Asunción para esclarecer el hecho que se presentó con la supuesta apelación del fallo de un tribunal arbitral que favoreció a la empresa Ivesur.
Hasta ahora García no respondió el pedido que le hizo la dependencia administrativa del Poder Judicial, lo que evidencia su total desinterés para aclarar el presunto negociado entre la Comuna e Ivesur, que cada vez lo salpica con más fuerza.
Incluso, según fuentes, García estaría operando en la Corte para que no se reitere el pedido de colaboración.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Investigación
La Corte Suprema, a raíz de una nota remitida por el camarista Marcos Riera Hunter, abrió la investigación administrativa. El magistrado informó que la Comuna no presentó ninguna apelación en el Tribunal de Apelación Civil, Primera Sala, contra el fallo de un tribunal arbitral que la condenó a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur. Incluso se habría producido documento público para justificar la apelación de la sentencia ante dicha sala.
El Tribunal de Apelación Civil, Quinta Sala, también ya confirmó que ante dicha dependencia tampoco se presentó apelación alguna. Fue al rechazar un pedido de acumulación de la Municipalidad, cuyos asesores jurídicos dijeron que la sentencia arbitral se apeló ante la primera sala.
La jefa de Mesa de Entrada de los Tribunales de Apelación y de Cuentas, Martha Machuca, en un informe oficial, igualmente aseguró que en dicha dependencia del Poder Judicial la Comuna no presentó ningún escrito.
Lo llamativo del caso es que el abogado Juan Ernesto Villamayor, representante de Ivesur, se allanó al pedido de acumulación de la Comuna, pese a los informes que dicen que la Municipalidad no apeló la resolución arbitral.
Por otro lado, se critica la tibia reacción del intendente de Asunción, Mario Ferreiro, que defiende la actuación de su exasesor jurídico, pese a las numerosas evidencias que demuestran la negligente actuación de García.
Ferreiro también sacó del caso al abogado Julio Samaniego, para sustituirlo por García.
Lo que establece la ley
El artículo 4° de la Ley 2796/2005, que regula el pago de honorarios, establece que “los abogados y auxiliares de justicia serán responsables de las costas impuestas a su representado, como consecuencia de su conducta negligente o del abandono de la representación que ejercen, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por tales hechos”.
Los abogados Juan Ernesto Villamayor y Sergio Coscia tienen regulados sus honorarios por unos 600.000 dólares por el Tribunal Arbitral.
La ley habilita al intendente Ferreiro a accionar en los fueros civil y penal contra los funcionarios de la Comuna involucrados en el caso, por su actuación negligente en la defensa de intereses municipales.