Tiende a confirmarse que la demanda de la empresa verificadora de vehículos Ivesur contra la Municipalidad de Asunción formó parte de todo un acuerdo entre partes para despojar a la institución de una millonaria suma.
Los antecedentes indican que en el 2011, la firma presentó una denuncia contra la Comuna capitalina por supuesto incumplimiento de contrato. Ivesur aseguraba que la Municipalidad no obligó a todos los vehículos que ingresan a Asunción a realizar una verificación, como estaba acordado.
En consecuencia, solicitaba una indemnización de 9 millones de dólares. La demanda se llevó adelante ante el Tribunal Arbitral de la Capital (extrajudicial).
En febrero, a escasos dos meses de inicio de gestión de Mario Ferreiro (Avanza País) y con el hoy contralor general José Enrique García como asesor jurídico, llamativamente Ivesur elevó a 12 millones de dólares su exigencia. El hasta ese momento representante de la Municipalidad en el caso, el abogado Julio Samaniego, realizó furibundo descargo.
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Sospechosamente, el día que presentó el descargo fue apartado del caso y este quedó a cargo de García. Paralelamente surgieron fuertes rumores de un supuesto preacuerdo entre el asesor jurídico y el representante de la firma Ivesur Juan Ernesto Villamayor.
El intendente se apuró en desmentir y dijo que no permitirá que la Comuna pierda la demanda. Sin embargo, en agosto, el Tribunal condenó a pagar G. 18.975.014.366 a Ivesur (unos 3,6 millones de dólares).
Ferreiro otra vez dijo que se iba a pedir la nulidad ante el Tribunal ordinario, pero curiosamente el encargado de realizar la presentación –García– no recurrió el fallo. Tenía tiempo hasta el 6 de octubre para realizar la presentación, pero en los registros judiciales no figura que lo haya hecho. Lo que sí tuvo entrada fue un pedido de acumulación de expediente realizado ante el Tribunal de Apelaciones, quinta sala. Aquí está en discusión la comisión de otro presunto hecho delictivo, pues para pedir la acumulación de expediente García presentó un supuesto documento que se estaba tramitando en primera sala y que en realidad no existe. La firma que aparece al pie del escrito habría sido falsificada.
Cohecho pasivo
La sospechosa actitud del hoy contralor llevaría a confirmar que hubo un acuerdo previo. Con esto se estaría ante la comisión del delito de cohecho pasivo agravado (art. 301 del Código Penal), castigado incluso con cinco años de cárcel.
La normativa señala que “el funcionario que solicitara, se dejara prometer o aceptara un beneficio a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizará en el futuro, y que lesione sus deberes, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años”.
Millonarios honorarios
García también se allanó al pedido de los abogados Juan Ernesto Villamayor y Sergio Coscia para que el Tribunal Arbitral aumente sus honorarios. Villamayor se embolsará G. 2.656.502.011 y Coscia G. 1.328.251.006.