Contralor tuvo que ser advertido para hacer avanzar proceso legal

Casi cinco meses pasaron desde que el contralor Enrique García presentara una acción de inconstitucionalidad para evitar cumplir con dos sentencias judiciales que lo obligan a hacer públicas las Declaraciones Juradas de Bienes de las más altas autoridades de la República. 

García aseguró en su momento que recurrió a la máxima instancia judicial porque quería una “solución definitiva” sobre la polémica planteada al respecto de la privacidad o no de las declaraciones juradas de los servidores públicos. Sin embargo, fue él mismo quien se encargó de ponerle freno al estudio de la acción pues la institución a su cargo no entregó nunca las copias para traslado a la contraparte.

Myriam Peña, presidenta de la Sala Constitucional, intimó el pasado martes a la Contraloría a cumplir con su obligación procesal, bajo advertencia de que se podría tomar la causa como abandonada. Recién entonces el ente cumplió.

Ahora entregan 

La misma Contraloría emitió ayer un comunicado de prensa asegurando que no tenía intenciones de trabar la causa, pero en el que reconocían que entregaron las copias para traslado.

“La CGR jamás se ha opuesto ni se opondrá en modo alguno al fortalecimiento de los procesos de control ciudadano, gobierno abierto y transparencia”, afirma el comunicado. 

Aún así, hace más de dos años que la institución se niega a entregar la información solicitada por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano. 

Cajonea informe sobre Amarilla

El mismo García es quien cajonea el pedido realizado por la Fiscalía sobre la correspondencia o no entre lo declarado por el senador liberal llanista Dionisio Amarilla en su Declaración Jurada y lo que percibe. El legislador es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y su esposa, Analy Valiente, es quien custodia estos valiosos documentos. 

García llegó al punto ayer de decirle al Senado que no podía cumplir con lo solicitado por la Cámara Alta cuando pidió copia de las Declaraciones Juradas de todos los funcionarios públicos. El contralor niega información hasta a los poderes del Estado.