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Camilo Benítez Aldana, contralor general de la República, dispuso que la institución a su cargo realice análisis de correspondencia de las declaraciones juradas de bienes de las autoridades de los tres poderes del Estado e, incluso, de órganos extrapoder como la misma institución a su cargo.
Esta decisión fue comunicada el viernes al Poder Legislativo, de acuerdo a documentos a los que tuvo acceso ABC Color.
El período de análisis de los documentos se iniciará el próximo 3 de junio, según la disposición firmada por Benítez Aldana.
Según los documentos, el proceso será paulatino e irá de poder en poder del Estado para cumplir con lo que había solicitado el mismo Congreso.
“La magnitud de lo solicitado conllevará un vasto volumen de trabajo”, señala el documento enviado al Legislativo.
Comenzarán por él
Benítez Aldana dispuso que el análisis de la correspondencia de las declaraciones juradas arranque por la misma institución que él encabeza. En la resolución enviada al Congreso, el contralor señala que su situación patrimonial será la primera en ser verificada.
El segundo paso será verificar las declaraciones presentadas por las autoridades del Poder Ejecutivo, empezando por el Presidente y Vicepresidente de la República, además de los ministros.
Seguidamente llegará el turno de Senadores, Diputados y Parlasurianos.
Con posterioridad se analizará el patrimonio de ministros y magistados del Poder Judicial, además de la Fiscal General del Estado y agentes fiscales, la Defensora General y los defensores públicos.
El análisis alcanzará, incluso, a la Defensoría del Pueblo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; entes descentralizados, como el Banco Central, entes autónomos y autárquicos como el INTN, el Indert, la Diben; entidades públicas de seguridad social; las empresas públicas, las universidades nacionales y autoridades departamentales, municipales, policiales y militares.
Pedido cajoneado
El pedido de análisis de correspondencia de las declaraciones juradas de todas las autoridades de la República había sido remitido por el Congreso a la Contraloría ya en noviembre del año pasado.
Inicialmente le habían otorgado un plazo de 15 días hábiles, que luego fue ampliado a pedido del entonces contralor, Enrique García.
A poco tiempo de que se cumpla el plazo para el pedido, la Contraloría no remitió aún un solo análisis de correspondencia, debido a que su anterior titular había cajoneado el pedido. De hecho, García había ubicado en puestos claves dentro de la institución a familiares y operadores de autoridades a las que debía investigar.
Durante el mandato de García, la Contraloría no vio ni emitió siquiera un dictamen sobre el crecimiento patrimonial de políticos que están hoy procesados o investigados por la Fiscalía por supuesto enriquecimiento ilícito y hasta lavado de dinero como Javier Zacarías Irún, Óscar González Daher o Dionisio Amarilla.
Esconden de la ciudadanía
Si bien el nuevo contralor Camilo Benítez da un paso interesante anunciando la revisión de las declaraciones juradas de todas las autoridades, el mismo sigue firme en negar el acceso de estos documentos a la ciudadanía, una línea que había sido planteada por su antecesor en el cargo.
El propio Benítez Aldana reconoce que el análisis de tantos documentos supera la capacidad de los funcionarios de la Contraloría. Hacer públicas las declaraciones juradas podría permitir que la ciudadanía, los periodistas y organismos de la sociedad civil colaboren con la revisión de los documentos y la presentación de denuncias en casos de irregularidades detectadas.