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Según los abogados César Núñez y Ricardo Rojas, en representación de la Contraloría, “con la presente acción de inconstitucionalidad se aspira a restablecer el orden infringido por los magistrados inferiores, al violar preceptos constitucionales y consecuentemente, evitar actos administrativos –entrega de documentos con protección constitucional sin la intervención de los órganos jurisdiccionales– mediante resoluciones judiciales infundadas y por lo tanto arbitrarias”.
El juez Riquelme fue el que falló a favor del amparo que luego ha sido apelado y ratificado por los camaristas Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander, quienes votaron a favor, con la postura en disidencia de Gustavo Ocampos.
Los accionantes tomaron el voto del camarista Gustavo Ocampos, que señala que el amparo “no es la vía para acceder a las declaraciones juradas”.
“El señor Juan Carlos Lezcano debió recurrir ante el órgano jurisdiccional a solicitar las declaraciones juradas, iniciándose así un procedimiento ordinario, con plazos rigurosos, perentorios e improrrogable y no intentar obtener las declaraciones juradas por la vía de un amparo, que como todos sabemos es una garantía constitucional prevista en nuestra Carta Magna para cuestiones urgentes que no pueden remediarse por la vía ordinaria”, apuntan.
Finalmente los abogados de la Contraloría piden la suspensión de todos los trámites dictados en las sentencias que fueron recurridas a través de esta acción y luego declarar inconstitucionales las resoluciones recurridas.