Del citado monto que menciona el órgano contralor en su informe, corresponden a recursos del Fonacide, G. 1.945.221.553, y G. 4.570.651.755 a royalties y compensación. En este punto, la Contraloría recomienda a la Gobernación registrar en los comprobantes, la totalidad de los ingresos percibidos y recibidos en el momento que ocurran. Los mismos deberán generar un asiento contable por partida doble con afectación automática en el diario mayor y en algunos casos en el registro de ejecución presupuestaria, reflejando dichos datos al final del día en el balance de sumas y saldos, conforme lo establecen las normativas legales vigentes.
El informe también refiere a aportes y subsidios otorgados a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro, por un total de G. 190.000.000, financiados con recursos de royalties y compensaciones, con rendiciones de cuentas insuficientes y deficientes.
Menciona que obligaciones y pagos efectuados por un total de G. 232.979.918, en concepto de construcciones, financiados con recursos del Fonacide, no cuentan con la documentación de respaldo.
Hay ítems según contratos no observados durante el trabajo de campo, en las construcciones de obras financiadas con royalties y compensaciones por la suma total de G. 263.117.500.
Durante los trabajos de campo de los auditores de la Contraloría General en las construcciones de obras financiadas con dinero del Fonacide, constataron contratos no observados, por G. 167.923.502.
También se emitieron y se cobraron cheques sin órdenes de pagos ni comprobantes respaldados en el ejercicio 2013, por un total de G. 2.701.407.717, según muestra seleccionada.
Igualmente, la Gobernación emitió cheques que fueron cobrados de manera irregular por el asistente José Marcial Fernández Olazar, por la suma total de G. 655.350.000, según muestra seleccionada.
El examen abarca a las gestiones del gobernador saliente, Manuel Rolón Jara y el actual, Miguel Cuevas Ruiz Díaz (ambos colorados), según la Contraloría.
Investigación y sanción
La Contraloría General de la República, en su recomendación final de su examen especial a la Gobernación de Paraguarí, expresa que “la autoridad que posee la representación legal de la institución deberá de inmediato implementar las investigaciones tendientes a deslindar responsabilidades y en su caso sancionar a los intervinientes, de conformidad a los términos de las disposiciones legales vigentes; debiendo remitir un informe pormenorizado sobre las resultas de los mismos a este organismo superior de control”.