Contraloría no envía informe a fiscalía en el caso García

Hace más de un mes que la fiscala Liliana Alcaraz solicitó a Contraloría que le informe si existe alguna dependencia de la institución encargada de la elaboración de un Manual de Funciones. Sin embargo, la agente no recibió ninguna respuesta. Es en la investigación al contralor general, Enrique García.

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El 22 de marzo pasado tuvo ingreso en la Contraloría el oficio por el cual la fiscala pidió al órgano contralor que le indique si en la institución existe o no alguna dependencia encargada de la elaboración de la Estructura Orgánica y Funcional, así como el Manual de Funciones.

El pedido ya se hizo hace un mes, pero hasta ahora el Ministerio Público no recibió ninguna respuesta. La diligencia se realizó en la investigación abierta a García por lesión de confianza y cobro indebido de honorarios. La denuncia había hecho el sindicato del ente.

Uno de los puntos más cuestionado a García es la adjudicación en forma directa a la firma Contadores y Asesores Económicos Asociados (CAE) la elaboración de un Manual de Funciones y Procedimientos del Gabinete. Fue en julio de 2017.

El costo del trabajo fue de G. 108.460.000, según resolución del contralor.

La firma beneficiada pertenece a Norma María Martínez Irigoitia y su esposo Marcelo Scappini. 

Martínez Irigoitia, curiosamente, en noviembre de ese mismo año fue nombrada como jefa de gabinete de la Contraloría con un ingreso mensual de G. 15.877.000.

En la denuncia se insiste en que no había ninguna necesidad de contratar a la firma de la mujer, ya que la Contraloría tiene los medios para la elaboración del Manual de Funciones.

Precisamente eso quiere saber la fiscala Alcaraz, pero la Contraloría no le responde el pedido de informe. 

Por otro lado, los denunciantes también cuestionan el uso irregular de viáticos.

Imputado

García ya tiene una imputación de la fiscalía por el uso de documento falso, para hacer creer que apeló un fallo arbitral por el cual se condenó a la Comuna de Asunción a pagar US$ 3,6 millones a la firma Ivesur. García era entonces el director jurídico de la Municipalidad y no recurrió la referida sentencia.

El contralor igualmente tiene pendiente un juicio político por mal desempeño de funciones, que ya fue iniciado por la Cámara de Diputados y que tiene que ser resuelto en la de Senadores. En la Cámara Alta se tiene que definir si se destituye o no a García.

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