La Contraloría General de la República (CGR) espera que la Fiscalía implemente las acciones pertinentes respecto a faltante de dinero y de las irregularidades detectadas. Quienes elaboraron el informe inclusive recomiendan que los datos sean reportados al Ministerio Público como indicios de hechos punibles.

El informe del órgano de control consta de 655 páginas. Contiene un análisis exhaustivo del uso de recursos del Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, por parte de diversas instituciones del Estado beneficiarias según la Ley 4758/12. El informe fue elaborado por las unidades organizacionales de gestión misional de la Contraloría.

Con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, la CGR realizó la consolidación de los informes proveídos por Hacienda respecto al monto recibido de Itaipú en concepto de compensación por cesión de energía eléctrica al Brasil, recurso que fue destinado a los recursos del Fonacide.

La CGR realizó por muestreo la verificación y análisis de la rendición de cuentas presentada por las entidades estatales. Encontró varias irregularidades, violaciones a la ley respectiva y faltante de dinero en la rendición de cuentas.

Las irregularidades y faltantes de dinero se produjeron en general en construcción de aulas en locales escolares, mala calidad de materiales utilizados, entre otros. Las direcciones de Obras Públicas y de Control de Organismos Municipales y Departamentales de la CGR detectaron en una primera verificación, diferencias de G. 1.877.047.719 en 18 municipalidades de los departamentos de Guairá, Caazapá, Caaguazú, Cordillera y Paraguarí.

Parte de esos faltantes se consigna en el cuadro que ilustra esta página.

Las diferencias detectadas están basadas en la verificación in situ de técnicos de la Contraloría.

Pagarán con sus bienes

Los gobernadores, intendentes y otras autoridades y funcionarios que hayan malversado recursos del Fonacide deberán responder con sus bienes “por los perjuicios causados”, establece la nueva redacción el artículo 8º de la ley 4758/12, que crea el Fonacide, y que fue promulgada el miércoles pasado por el Poder Ejecutivo. Con la modificación de la legislación se busca castigar a los responsables de los desvíos del dinero del Fonacide, y asimismo generar un mayor control de parte de la ciudadanía.