En un intento más por justificar su negativa a entregar las declaraciones juradas de quienes ocuparon los más altos cargos públicos en las últimas dos décadas, la CGR ahora se escuda en problemas con su base de datos para demorar el cumplimiento de la sentencia del juez Rubén Riquelme, que fue ratificada la semana pasada por el Tribunal de Apelación, Primera Sala.
Con esta excusa los abogados de la Contraloría intentaron zafar de una posible demanda penal por desacato, al no haber cumplido en plazo lo resuelto en primera instancia.
En una nota remitida al juez Riquelme luego de que se cumpliera el plazo establecido que había dictado el magistrado, el ente de control asegura tener dificultades para liberar los documentos solicitados, debido a que su base de datos organiza las declaraciones juradas por nombres, apellidos y números de cédula.
Es decir, el organismo que debería realizar exámenes periódicos de correspondencia entre los bienes declarados por los servidores públicos y sus ingresos, dice no tener forma de saber qué cargo ocupan u ocuparon aquellos a los que debería investigar.
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El ente de control envió notas solicitando colaboración a diversas instituciones para identificar a quienes ocuparon los más altos cargos dentro de ellas en los últimos 20 años, diciendo que solo así podría identificar las declaraciones juradas que deben ser entregadas por orden judicial.
“Se han cursado sendas notas a los distintos Poderes del Estado, solicitando se sirvan proveer en la brevedad posible, en formato impreso y en medio magnético, el listado de todos los funcionarios que ocupan y han ocupado cargos de confianza, correspondiente al período comprendido entre el año 1998 hasta el 2018”, afirma el escrito presentado por los abogados de la CGR.
Lo que hace todavía más llamativa la cuestión es que el ente esperó hasta los últimos días del plazo fijado por el juez Riquelme para empezar a recabar la información que dice no tener y que supuestamente imposibilita el cumplimiento de la sentencia.
59 días para cumplir
El Tribunal de Apelación Primera Sala ratificó el viernes la histórica sentencia que había dado en primera instancia el juez Rubén Riquelme. El magistrado había hecho lugar al amparo promovido por el periodista Juan Carlos Lezcano Flecha luego de que la CGR ignorara repetidamente las solicitudes de acceso a la información pública que había presentado para acceder a las declaraciones juradas de quienes ocuparon los más altos cargos de la República entre 1998 y 2017.
Pedro Mayor Martínez, presidente del Tribunal de Apelación, apuntó en su voto que al tener las declaraciones juradas la finalidad de prevenir y detectar actos de corrupción, “es relevante que el control y monitoreo del patrimonio de los funcionarios públicos pueda ser compartido entre el Estado, a través de los exámenes de correspondencia, y la sociedad civil que accede a la información”.
El Tribunal de Alzada estableció un plazo de 60 días para que la Contraloría libere la información, de los cuales restan 59.