“Una interpretación disparatada, caprichosa, contra legem y, por lo tanto, arbitraria es la que usa la Contraloría para sustentar su acción de inconstitucionalidad”, sostiene la defensa del periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano sobre la acción planteada por el ente contralor para evitar cumplir con las sentencias judiciales que le obligan a hacer públicas las Declaraciones Juradas de las más altas autoridades de la República.
En un escrito de casi 30 páginas, el abogado Ezequiel Santagada refutó ampliamente todos los argumentos planteados por el contralor Enrique García para negarse a entregar información pública.
Ley especial o no
El principal argumento planteado por la Contraloría para no dar a conocer las Declaraciones Juradas es que las mismas están reglamentadas por una ley especial, la 5033, que no podría haber sido modificada por la Ley 5282 por ser esta última una general.
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Este argumento fue rebatido ya por el juez Rubén Riquelme en primera instancia y por el Tribunal de Apelación Primera Sala de Asunción. Aun así, el ente contralor insiste en ello.
“La CGR no articuló un cuestionamiento serio al argumento desplegado en las instancias inferiores”, señala la defensa del periodista.
“La Ley 5033/13 es una normativa referente a las DD.JJ., que habla sobre la presentación en tiempo, sanciones por no presentar declaraciones juradas, entre otras cosas; y la Ley 5282/14 habla sobre el acceso a la información pública. Estas dos normativas se complementan”, agrega.
“Se cometerá inmoralidad”
“Es bueno que se sepa que si se acepta la tesis de la Contraloría General de la República respecto al secreto de las DD.JJ. se cometerá una inmoralidad. Y no solo se cometerá una inmoralidad, sino que se estará yendo a contramano de lo que es requerido por organismos internacionales”, continúa señalando el escrito presentado por la defensa del periodista de nuestro diario.
No refutan argumentos
“La CGR, en un escrito lamentable para abrir a instancia extraordinaria ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no esbozó ni el más mínimo intento de refutar toda esta batería argumentativa; solo apeló a sostener que se trata de una “arbitrariedad”, sin señalar cuáles serían, a su entender, las falencias lógico-argumentativas”, manifiestan Lezcano y Santagada.
En un intento por llevarse puesto el derecho de acceso a la Información Pública, la Contraloría incluso atacó las decisiones de la Corte que establecieron que el juicio por la vía del amparo es la forma de resolver estos casos. “La CSJ solo se ha limitado a precisar o esclarecer cómo deben aplicarse normas legales que ya existen, sin extralimitarse en sus funciones y atribuciones y, lo más importante de todo, sin invadir esferas de otros poderes del Estado”, señala al respecto la respuesta de la defensa del periodista.
“En suma, la CGR no ha podido evidenciar ninguna arbitrariedad en la cual fundar una inconstitucionalidad”, sentencia
Lo que solicitan
Además del rechazo de la acción, Santagada solicitó la ampliación de la sala y la intervención de amigos del Tribunal, o amicus curiae.
El letrado solicitó además algo inédito, pero que se enmarcaría dentro de la política de transparencia de la Corte. Pide que la convocatoria a una audiencia de mérito sobre la causa, donde cada una de las partes exponga sus argumentos y los ministros puedan preguntar a las partes.
Una tendencia mundial
La publicidad de las Declaraciones Juradas es una tendencia global, según datos de un estudio del Banco Mundial.
De 176 países evaluados, el 78% tenía sistemas de publicación de DDJJ de servidores públicos. En el 93% de esos países exigen la publicidad de las DDJJ de los miembros del gabinete de ministros; el 91% exige la publicidad de las DDJJ de los legisladores y el 62% de las máximas autoridades de los ministerios públicos. Un 43% de esos países hacen públicas las DDJJ de todos los funcionarios públicos. A pesar de todo esto, la Contraloría se niega.