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El 8 de enero pasado los fiscales José Dos Santos y Yolanda Portillo requirieron a todas las cooperativas del país que informen si Javier Díaz Verón y María Selva Morínigo registran movimientos financiero y ahorros en estas entidades. La notificación fue circularizada a través del Instituto Nacional de Cooperativismo, que es el ente regulador de las instituciones cooperativas del Paraguay (Incoop). Sin embargo, a casi un mes ninguna de estas entidades ha respondido a la Unidad de Delitos Económicos.
Cabe recordar que Morínigo reportó ahorros en cooperativa en sus declaraciones de funcionaria pública. Los 6 últimos dígitos de una de esas cuentas corrientes es el 0098-30.
“Volvimos a requerir al Incoop el 23 de enero pasado y le dimos 24 horas para que nos respondan, pero no respondieron”, sostuvo Dos Santos.
El titular del Incoop, Félix Hernán Jiménez, dijo que “vía dictamen de asesoría jurídica se les comunicó a todas las cooperativas el pedido de la fiscalía y que informen si estas personas tienen deudas y ahorros”.
Al ser preguntado sobre el valor del dictamen de su asesoría jurídica, ya que fue ignorada por las cooperativas, Jiménez manifestó: “No podemos dar seguimiento a las 1.000 cooperativas”.
Sin embargo, el mismo titular del Incoop confirmó que la mayoría de las circularizaciones fue vía correo electrónico, es decir, hacer un seguimiento lleva minutos, reenviando la consulta a los que cuentan con este medio.
“Vamos a tener que enviar oficio a cada una de ellas como una alternativa”, refirió Dos Santos.
En alguna entidad financiera deben estar guardados los G. 2.500 millones que según escritura pública aportaron en efectivo en la firma Canto Rodado SA la esposa del fiscal junto a dos hijos de la pareja, Alejandro Díaz Morínigo y Yerutí Díaz Morínigo. Así también están los G. 500 millones, dinero en efectivo desembolsado por la mujer en Salty River SA.
Mientras en los registros públicos, protocolizados por escribanía, figuran millonarias inversiones de la familia, en Seprelad rindieron el capital con pagarés.
La entidad encargada de combatir el lavado de dinero omitió esta información a la fiscalía y volvió a ser notificada para que responda sobre los pagarés.
Hoy se cumple este plazo a la Seprelad para informar al Ministerio Público sobre los pagarés de los Díaz Verón.
La escribana declara hoy
La escribana Susana Ramírez Báez, quien firmó el protocolo de Canto Rodado SA, empresa de la familia del fiscal con permiso Javier Díaz Verón, fue convocada para declarar sobre el caso hoy a las 8:00 en la Unidad de Delitos Económicos.
La profesional ya adelantó a fiscalía que para ella la sociedad familiar de G. 2.500 millones se integró con dinero efectivo. Esta mañana deberá dejar su testimonio en la carpeta fiscal abierta por supuesto enriquecimiento ilícito.
Así también Rubén Recalde, presidente de Salty River SA, otra firma en que son accionistas la esposa e hijos del fiscal Díaz Verón, deberá comparecer este viernes 2 de febrero a declarar sobre el caso.