La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), cuyo titular es Sante Vallese, suspendió ayer la etapa de competencia de la subasta a la baja electrónica para contratar servicio de seguridad, prevista para el 21 de junio.
“Es para analizar el pliego de bases y condiciones”, según expresa una nota remitida por la gerente de la Unidad Operativa de Contrataciones de la compañía, María José Ibarra Olhagary, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
El monto referencial de la subasta es de G. 30.706 millones (unos US$ 4,9 millones al cambio actual de G. 6.200 cada dólar). Este dinero podría ser destinado, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones (Sinattel), en inversiones tecnológicas, equipos telefónicos o cambio urgente del cableado de cobre de la línea baja teniendo en cuenta que debido al pésimo servicio va perdiendo clientela cada día.
Los líderes sindicales cuestionan que entre 2015 y 2018 se estén regalando US$ 10 millones por servicio de vigilancia.
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La prestadora actual del servicio es Security Service Tecnology (SST), de Óscar Chamorro Lafarja por la suma de G. 32.00 millones. La firma no estaba cumpliendo bien el contrato.
Le aplicaron multas por este hecho, pero luego se le devolvió la plata porque supuestamente “no hubo una buena fiscalización” para amonestar. La misma firma prestó servicio en 2016 por otros G. 32.000 millones.
Chamorro Lafarja tiene además otros contratos en curso con la compañía a través de las firmas Bullers y CG Tec. Según el detalle de la web de la DNCP Bullers está proveyendo de equipos y cables GPON (más económico que la fibra óptica) para diez centrales por valor de G. 17.700 millones. También le otorgaron la provisión de cables GPON, instalación y comercialización de telefonía, internet e IPTV (televisión por internet) en el Paraná Country Club de Hernandarias por G. 4.400 millones.
CG Tec ganó tres contratos. Uno es para la instalación de puertos de internet GPON en 13 centrales de diferentes barrios de Asunción y dos ciudades del interior (Villarrica y Pilar) por la suma de G. 4.339 millones. Otro contrato por G. 3.498 millones es para provisión de módems, splitters y microfiltros para internet ADSL2 (entre otros).
Recurrirán a la Policía
El director de Contrataciones Públicas Pablo Seitz, anunció que para evitar las irregularidades con las firmas de seguridad privada, se dará prioridad a la contratación de la Policía en los entes públicos, en un proceso gradual, de acuerdo a la disponibilidad de uniformados, y que en caso de que no haber cantidad, contratarán seguridad privada.
Seitz fue convocado anoche por el presidente Mario Abdo, en Palacio de Gobierno, junto con el titular de IPS Armando Rodríguez.