El cultivo de marihuana es una actividad realizada por campesinos empobrecidos. Los financistas adelantan dinero, existe impunidad y un creciente mercado. Es una oportunidad interesante para ganar un poco más que cultivando mandioca.
El negocio real es sacar de la finca y conducir la marihuana a los centros de comercialización. El tráfico otorga plusvalía al cultivo.
Esto explica por qué los campesinos siguen siendo pobres mientras los traficantes pueden llevar un ritmo de vida ostentoso.
Traficar marihuana implica utilizar diversas vías para su transporte y la primera de ellas son los caminos que salen de los centros de producción.
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Estos caminos se encuentran bajo control de agentes corruptos de la Policía Nacional. No existe un solo asentamiento campesino que no tenga como puerta de acceso una comisaría y son los mismos efectivos policiales quienes se encargan de cobrar por el paso de la marihuana.
Este mecanismo se reproduce en las rutas hasta llegar a centros de acopio donde por la cantidad ya pierde identidad con mayor facilidad.
El primer paso, la salida de las fincas y su llegada a los centros de acopio, es responsabilidad de policías corruptos.
El riesgo de un “narcoestado”
El narcotráfico se convirtió en la principal amenaza para la estabilidad para nuestra república y el futuro de la democracia en el país.
Así como existen verdaderas bandas que lucran con el narcotráfico dentro de la misma Policía Nacional, el fenómeno se está extendiendo a la clase política.
Se tienen evidencias de una creciente influencia económica de narcotraficantes en el momento de financiar proyectos políticos. Concepción, Amambay y Canindeyú son claros ejemplos de un problema que se extiende.
En el Congreso Nacional cada tanto se presentan proyectos que en realidad benefician a narcotraficantes. En el período anterior se intentó evitar que sean extraditados.
El tremendo poder económico que surge del tráfico explica también la venalidad de magistrados. Para colmo de males, nuestros jueces son bastante baratos al igual que algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia.
El resultado de esta corrupción generalizada es la debilidad de las instituciones del Estado.
¿Cómo reaccionar si tal juez, tal policía o tal congresista recibe un salario del narcotráfico?
Resultado de una guerra
El contexto en que se encuentra Paraguay explica el asesinato del periodista Pablo Medina: el narcotráfico no admite un solo obstáculo que pueda limitar su objetivo de controlar espacios de poder.
Toda amenaza a su consolidación se destruye y se paga con la vida.
El asesinato de Pablo Medina, un ciudadano comprometido con su comunidad, se convierte en una advertencia para el país en su conjunto.
Enfrentar grupos mafiosos tiene un costo alto, la vida.
Un par de meses atrás, en una actividad común en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Pablo Medina dijo: “Capi, estás viendo un muerto que aún respira. Esta vez no me salvo, juraron matarme”.
Y siguió escribiendo, siguió denunciando y sobre todo siguió luchando por su ideal de vivir en una patria decente aunque para ello tuviera que morir.
La muerte de Pablo Medina es resultado de un Estado cautivo por la corrupción. La venalidad nos empujó al atolladero.
roque@abc.com.py