La auditoría dispuesta por el Consejo de Superintendencia de la Corte, integrado por Alicia Pucheta, Miryam Peña y Raúl Torres Kirmser, está a cargo del director de Auditoría del Poder Judicial, abogado Mario Elizeche, quien una vez terminado el trabajo tiene que elevar su conclusión a la Corte.
Los numerosos incidentes dilatorios presentados por los legisladores obligaron a las autoridades judiciales a abrir una auditoría a fin de sancionar a responsables.
La acusación contra Ibáñez, en el caso conocido como “caseros”, la fiscalía presentó el 24 de octubre de 2014. Sin embargo, mañana se cumplen dos años de la presentación del Ministerio Público, pero la audiencia preliminar aún no se pudo hacer, debido a las chicanas promovidas en la causa.
La audiencia preliminar se suspendió en cuatro ocasiones. El juez del proceso es Miguel Tadeo Fernández y la fiscala es Victoria Acuña.
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Ibáñez, su esposa Lorena Plabst y la jefa de gabinete del legislador, María Liz Gutiérrez, están acusados por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de documentos no auténticos.
Los caseros Favio Gómez, Viviana Falcón, Ever Falcón y Eusebio Bernal Gómez están acusados por cobro indebido de honorarios.
Los antecedentes revelan que los encargados de cuidar una casa quinta de Ibáñez en Areguá cobraban en Diputados como si fueran funcionarios de la Cámara Baja. Además, se comprobó que el parlamentario no les entregaba todo el sueldo a los caseros, sino se quedaba con una parte del mismo.
Caso Bogado
Bogado fue acusado el 4 de junio de 2014 por el Ministerio Público por hechos punibles de cobro indebido de honorarios y estafa. Desde esa fecha no se definió aún si debe afrontar o no juicio oral y público junto a su exniñera Gabriela Quintana y Miguel Pérez Núñez, su exjefe de gabinete cuando era presidente de Diputados.
A lo largo del proceso los acusados se turnaron para presentar incidentes dilatorios. Pese a ello nunca fueron sancionados por los jueces, que ignoraron la acordada de la Corte que castiga el ejercicio abusivo del derecho.
La acusación del Ministerio Público refiere que Gabriela Quintana Venialgo estuvo contratada por la Cámara de Diputados. Luego el 17 de febrero de 2010 fue nombrada con una remuneración mensual de G. 13.237.400.
Según la fiscalía, Bogado logró el 4 de marzo de 2013 que su exniñera también sea contratada en la Itaipú con un sueldo de G. 8.739.300.
La contratación y percepción de doble remuneración fue posible porque Bogado, como titular de la Cámara Baja, solicitó al entonces director de Itaipú, Franklin Boccia, que la funcionaria de la binacional Gabriela Quintana sea comisionada a Diputados. El total del cobro indebido fue de G. 71 millones.
El expediente ahora está en la Corte, donde se debe resolver una inconstitucionalidad contra la resolución de la Cámara de Apelación que confirmó al juez Óscar Delgado en el proceso.
Enzo Cardozo
El senador liberal Enzo Cardozo es otro político que traba su audiencia preliminar. Había sido acusado por una “tragada” G. 68.000 millones en el Ministerio de Agricultura, donde estuvo varios años como titular.
Salyn Buzarquis
El político liberal y exministro de Obras Públicas Salyn Buzarquis fue acusado el 1 de julio de 2015 por lesión de confianza. Logró suspender en cuatro ocasiones su audiencia, que hace más de un año no se puede hacer. Esta y otras causas, como la del exministro del Interior Rafael Filizzola, también deberían ser auditadas por la Corte, ante los fuertes indicios del ejercicio abusivo del derecho.
Actuación bajo la lupa
La actuación de los jueces Óscar Delgado (en el caso Víctor Bogado) y Tadeo Fernández (en el proceso a José María Ibáñez) también será revisada por la auditoría a cargo de Mario Elizeche.
El Código Procesal Penal y una acordada de la Corte establecen claramente que los magistrados están obligados a sancionar a los que ejercen en forma abusiva el derecho. En caso de no hacerlo, los jueces se exponen a una falta grave y pueden ser castigados por la máxima instancia judicial.
En ambos casos, los fiscales intervinientes también se muestran muy benevolentes, atendiendo que no solicitaron ni una sola vez la aplicación de sanción a los chicaneros.