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Con el rechazo “in límine” de la Corte de la acción presentada por 20 senadores se deja el precedente de que una mayoría coyuntural en el Senado puede reunirse a escondidas, en cualquier lugar, para tomar decisiones que cambien el rumbo institucional del país.
La presentación de senadores colorados y opositores esperaba que la Corte invalidase en forma inmediata la sesión realizada el 28 de marzo de 2017 en la oficina de bancada del Frente Guasu, que careció de mínimas formalidades.
Sin embargo, la Corte tardó casi un año y, como consecuencia, se produjeron una serie de hechos violentos además de violaciones al orden institucional que tienen consecuencias hasta ahora.
Con su resolución, la Corte blanqueó la actuación de los 25 senadores colorados, liberales, de Unace y del Frente Guasu, que modificaron el reglamento interno para adaptarlo a necesidades coyunturales.
Posteriormente, procedieron a aprobar nada menos que una enmienda de la Constitución para incluir la posibilidad de reelección presidencial.
La opinión de varios destacados constitucionalistas es que la reelección solamente se podía incluir en la Carta Magna por vía de una reforma constitucional, previa convocatoria a una Convención Nacional Constituyente.
La aprobación de la enmienda en las condiciones bochornosas mencionadas motivó inmediatamente movilizaciones ciudadanas hasta el Congreso que derivaron en una feroz represión que afectó a dirigentes políticos. El diputado liberal Édgar Acosta recibió un disparo en el rostro. Además, balas de goma y gases lacrimógenos alcanzaron a algunos conocidos políticos, entre ellos el titular del PLRA y candidato a presidente de la República Efraín Alegre.
En horas de la noche se desató una verdadera cacería de manifestantes en el microcentro asunceno. Cerca de la medianoche, policías, sin orden judicial, y siguiendo directivas cuyo origen no está hasta ahora claro, ingresaron disparando a la sede del PLRA, donde asesinaron al joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.
La violencia desatada, que derivó en el crimen, el rechazo ciudadano que amenazaba con una desestabilización generalizada y la intervención de la Embajada de EE.UU. terminó finalmente obligando al presidente Horacio Cartes a desistir de su intención reeleccionista.
Pese a todo, la Corte avaló el despropósito de los 25 senadores.